Por Abel López Jiménez
El gobierno de México reprobó y rechazó de manera tajante la sorpresiva puesta en marcha de la controvertida Ley SB4, que permite a la policía de Texas detener y expulsar a migrantes sospechosos de ingresar de forma irregular a Estados Unidos, legislación que está calificada como discriminatoria y racista en contra de los inmigrantes, además de que fomenta la separación de familias.
“México rechaza tajantemente cualquier medida que permita a las autoridades estatales o locales ejercer labores de control migratorio, detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano”, señaló Alicia Bárcena, secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
”En ese sentido, México no aceptará, bajo ninguna circunstancia, repatriaciones por parte del estado de Texas”, advirtió la Canciller en un comunicado.
Bárcena precisó que ayer martes fue notificada sobre la entrada en vigor de esa ley que permite a la policía de Texas detener y expulsar a migrantes sospechosos de ingresar de forma irregular a Estados Unidos.
Lamentó la resolución del Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos por darle vía libre al gobierno de Texas para detener a las personas migrantes. “La Ley SB4 de Texas sorpresivamente entra en vigor. Atenta contra los derechos de los migrantes”, señaló.
“Al frente de SRE he sido clara: la protección y apoyo a nuestros connacionales es la prioridad. Rechazo esta medida que criminaliza y discrimina a personas en movilidad”, agregó.
La Canciller cuestionó ese tipo de disposiciones legales que afectarán los derechos humanos de las más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas, porque ello, dijo, genera ambientes hostiles en los que la comunidad migrante está expuesta “a expresiones de odio, discriminatorios y de perfilamiento racial”.
Por esas razones, sostuvo Bárcena, ”México no aceptará, bajo ninguna circunstancia, repatriaciones por parte del estado de Texas”.
Informó que como parte de las acciones para velar por los intereses de México y sus nacionales en Estados Unidos, el gobierno mexicano participará como Amigo de la Corte ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans, Luisiana, para acercar información sobre el impacto que esa ley tendrá en la comunidad mexicana y/o mexicoamericana, así como su efecto en las relaciones entre México y Estados Unidos.
La senadora Ana Lilia Rivera, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, expresó el rotundo rechazo de ese órgano legislativo a la implementación inmediata de la Ley Senatorial 4, conocida como SB4.
“Ante una sorpresiva decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, de negarse a bloquear una ley que permite al estado de Texas discriminar y criminalizar a las personas migrantes, en México levantamos la voz para denunciar y condenar este tipo de acciones autoritarias, basadas en la ignorancia, el odio y la xenofobia”, manifestó.
Señaló que este hecho es aún más desconcertante, cuando la misma Casa Blanca emitió un comunicado donde expresa su descontento con esta orden, que considera dañina e inconstitucional; resaltando que sólo causará caos y confusión en la frontera sur.
Rivera Rivera recordó que más de 10 millones de mexicanos residen en Texas, contribuyen a diversos sectores de la economía texana, como mano de obra en la agricultura, la construcción, la manufactura y los servicios, así como consumo de bienes y servicios:
“Como mexicanas y mexicanos abogamos por la colaboración bilateral para que el fenómeno migratorio sea abordado de manera segura, ordenada y legal; anteponiendo, ante todo, el respeto a los derechos humanos”, indicó en un mensaje.
El Tribunal Supremo de Justicia se pronunció ayer martes a favor del estado de Texas, permitiéndole la entrada en vigor de la citada ley que permite a la policía detener y expulsar a migrantes sospechosos de ingresar de forma irregular a Estados Unidos.
La impugnada legislación podrá entrar en vigor mientras se escuchan los argumentos de una demanda entablada por el gobierno del presidente Joe Biden y organizaciones defensoras de los migrantes.
Además, el caso llegó al máximo tribunal después de una batalla legal emprendida por la administración Biden y defensores de los inmigrantes encabezados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), que alegan que la iniciativa es inconstitucional.
Los demandantes habían pedido al Supremo que detuviera la implementación de la medida mientras se dirimía el caso en el Quinto Circuito de Apelaciones. El lunes, el juez Samuel Alito había bloqueado la ley de forma indefinida a espera que el pleno votará sobre esta solicitud.
Ayer martes los seis jueces conservadores votaron a favor de Texas, permitiendo que la ley entre en vigor mientras se da un fallo final en el caso.
Se trata de una de las medidas antiinmigrantes más drásticas en la historia de Estados Unidos, porque convierte en delito menor el que un extranjero “ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera” de forma irregular. La falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.
La iniciativa también permite que las autoridades de Texas ordenen la expulsión de personas sin mediar proceso legal. Los oficiales de policía podrán arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó ilegalmente al país, y tendrán la facultad discrecional de expulsarlo a México en lugar de arrestarlo.
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