El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, aseguró que la iniciativa que envió al Congreso de la CMDX para modificar la Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social, no busca quitar ninguna facultad a los gobiernos de las 16 Alcaldías para implementar dichos programas, sólo busca –dijo- centralizar su distribución desde la administración local.
Con ello, el mandatario capitalino rechazó las acusaciones de la oposición sobre la supuesta intención de eliminar los programas sociales implementados por las alcaldías, misma que se dio días después de que presentó la citada iniciativa al Congreso local.
El mandatario local se defendió de las declaraciones de la integrante de la bancada del PRI, Tania Larios Pérez, quien acusó al partido de la Cuarta Transformación de querer eliminar los programas sociales en la capital.
“Salió por ahí alguna declaración afirmación en el sentido de que queríamos eliminar los programas sociales o la facultad de las alcaldías para tener programas sociales, eso es totalmente falso”, declaró Batres.
Para aclarar la situación, el mandatario local detalló que las facultades de las alcaldías están protegidas por el artículo 53 de la Constitución de la Ciudad de México, mismo que no ha sido ni se busca reformar: “El artículo 53 de nuestra Constitución local no se está reformando”, apuntó.
Conviene recordar que este artículo establece que las alcaldías tienen la atribución de ejecutar programas sociales de acuerdo a los lineamientos emitidos por el gobierno capitalino:
“(Es facultad de las alcaldías) implementar medidas para que progresivamente se erradiquen las desigualdades y la pobreza y se promueva el desarrollo sustentable, que permita alcanzar una justa distribución de la riqueza y el ingreso, en los términos previstos en esta Constitución”.
Batres también citó el artículo 157 de la Ley Orgánica de las Alcaldías, donde se señala que los programas sociales que implementen las demarcaciones deben coordinarse con las dependencias de la ciudad. “Los programas sociales que implementan las alcaldías deberán coordinarse con las dependencias de la ciudad”, puntualizó.
Pese a lo anterior y aunque defendió que no se están eliminando dichas facultades, el morenista reconoció que la nueva ley centralizará la ejecución de los programas de desarrollo social en la Comisión Coordinadora del Sistema General de Bienestar Social.
Tania Larios, representante del tricolor en el Congreso, expresó su preocupación por la centralización de la política social en el gobierno capitalino y advirtió que esta medida podría impedir a las alcaldías “otorgar sus propios apoyos” y generar un sesgo en la distribución de los programas sociales, beneficiando a unos y castigando a otros según la demarcación política.
“Votaron por desaparecer los apoyos para madres trabajadoras, para personas con discapacidad, para familias de bajos recursos y para terminar de destruir las estancias infantiles que los alcaldes de la Alianza mantuvieron”, escribió Larios en su cuenta de Twitter, ahora X.
El Congreso de la Ciudad de México aprobó en lo general, con 57 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el dictamen de la Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social, un documento que reorganiza las estrategias de política social de la capital. No obstante, la sesión fue suspendida ante la falta de quórum durante el desahogo de las reservas. Sigue pendiente la discusión.
Nota de Abel López Jiménez.
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