Un grupo de 727 servidores públicos de diversas dependencias del Gobierno Federal ha iniciado una demanda de amparo contra las recientes reformas que dieron origen al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
La firma Trusan & Roma, Abogados, encargada de representar a los servidores, explicó que esta acción legal se fundamenta en la preocupación de los trabajadores por el impacto que la reforma tendrá en la administración de sus recursos de jubilación.
Rodolfo Martínez Ayala, titular de la firma legal, argumentó que la reforma es inconstitucional por ser retroactiva y vulnerar el principio de seguridad jurídica, dado que afecta la forma en que los servidores públicos habían decidido gestionar sus recursos para el futuro en diferentes administradoras.
La reforma que creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el martes 30 de abril de 2024.
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) firmó el decreto el miércoles 1 de mayo de 2024, destacando que la medida busca garantizar pensiones suficientes y dignas para los trabajadores en su vejez.
La controversia generada por esta reforma ha dividido opiniones en el Poder Legislativo. Mientras el oficialismo defiende que beneficia a los trabajadores, la oposición la considera una expropiación y una afectación a los ahorros de los trabajadores.
El senador Emilio Álvarez Icaza, de la oposición, ha criticado la medida como un intento de apropiación indebida de los fondos de los trabajadores.
Ante este escenario, se anticipa que más demandas de amparo serán presentadas en las próximas semanas por trabajadores de instituciones como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Guardia Nacional (GN) y el Instituto Nacional Electoral (INE), con el objetivo de proteger sus ahorros de ser transferidos al nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar.
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