Por Monserrat Californias
A pocos días de que se oficialicen los resultados de la inédita elección judicial del 1 de junio, un caso enciende las alertas: Héctor Ulises N., electo como juez de distrito en Veracruz con más de 44 mil votos, enfrenta una grave acusación por violencia sexual contra una adolescente.
De acuerdo con el INE y organizaciones como Reinserta y World Vision, su posible nombramiento representa un riesgo para el acceso a la justicia, además de evidenciar la debilidad de los filtros institucionales establecidos por la Medida 8 de 8.
Esta herramienta, derivada de la Ley 3 de 3 promovida por colectivas feministas, fue creada para impedir que agresores de mujeres accedan a cargos públicos. Sin embargo, su aplicación ha fallado, pues las autoridades solo actúan ante sentencias firmes, lo que deja espacios abiertos para personas bajo investigación penal, como en el caso de Héctor N. El abogado, detenido desde abril de 2025, fue acusado de abusar sexualmente de su sobrina y de poseer material ilícito en EU.
Pese a ello, su candidatura fue avalada por el comité electoral sin revisar antecedentes. Organismos civiles advierten que permitirle asumir el cargo sería una señal de tolerancia institucional hacia la impunidad. Veracruz, donde se concentra el 10% de los casos nacionales de violencia sexual infantil, enfrenta así un escenario que compromete gravemente la credibilidad del sistema judicial y sus mecanismos de protección a la niñez.
De las 26 órdenes giradas por el INE para investigar a candidatos por posibles violaciones a la Medida 8 de 8, solo 11 se relacionan con violencia de género. En estos casos se incluyen agresiones físicas, políticas y sexuales, así como deudas alimentarias. Aún con esta información, las autoridades electorales no han descalificado formalmente a Héctor N., quien obtuvo la mayoría de votos desde prisión y supera a su contrincante por mil 200 sufragios.
Las organizaciones han hecho un llamado urgente al INE, al Tribunal Electoral y a la Fiscalía de Veracruz para impedir que el acusado asuma el cargo. Alegan que la presunción de inocencia no exime al Estado de proteger con diligencia a niñas y adolescentes. Mientras tanto, el caso deja en evidencia el fracaso de los mecanismos institucionales para evitar que presuntos agresores formen parte del Poder Judicial.
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