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Redacción
Según denuncias formales, Alonso Cacho Silva habría aprovechado su proximidad con la jefa de SEDATU para influenciar en procesos importantes, desde la distribución de fondos hasta la toma de decisiones de políticas públicas.
El tráfico de influencias es una de las infracciones administrativas más serias y difíciles de comprobar, pero también es altamente perjudicial para la institucionalidad. En el caso de Alonso Cacho Silva, las acusaciones sugieren que ha utilizado su posición y su relación con la secretaria Edna Elena Vega Rangel para influir en decisiones fuera de su ámbito.
Empleados de la institución describen a un supervisor que interfiere en áreas operativas, impone decisiones en procesos de contratación y altera resoluciones técnicas basándose en intereses que, supuestamente, favorecerían a su red empresarial.
La cuestión que la sociedad debe plantearse es: ¿Está al tanto la secretaria Vega Rangel de estas intervenciones? ¿Las aprueba? ¿O simplemente ha otorgado a Cacho Silva un poder que la ley no le reconoce?
La diferencia entre la coordinación institucional y el tráfico de influencias es sutil, pero si se sobrepasa, las repercusiones para el Estado de Derecho son severas.
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