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Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y el secretario de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz Santini, se enfrentaron públicamente para atribuirse la responsabilidad por el colapso de un edificio en la colonia San Antonio Abad, que el pasado 9 de marzo causó la muerte de tres personas. La disputa gira en torno a quién debía supervisar la demolición, autorizada mediante un polémico Acuerdo de Facilidades tras haber sido negada inicialmente por detectarse diez riesgos graves.
Rojo de la Vega señaló que la responsabilidad de la supervisión recaía en el gobierno capitalino, ya que el Acuerdo de Facilidades “obligaba a las autoridades de la Ciudad de México a supervisar la obra, coordinar el proceso y garantizar la seguridad”. La alcaldesa calificó la decisión de autorizar la demolición, tomada apenas tres días después de negar el permiso, como algo deliberado: “No fue un error. Fue una decisión”.
Por su parte, Inti Muñoz Santini, en conferencia de prensa, rechazó la versión de la alcaldesa y argumentó que la vigilancia primaria era responsabilidad ineludible de la alcaldía Cuauhtémoc, independientemente de la existencia del acuerdo. Esta contradicción deja en el aire la determinación de las fallas que llevaron al fatal desenlace en el inmueble ubicado en San Antonio Abad 124.
El incidente expone las grietas en los protocolos de seguridad para obras de alto riesgo en la capital. El permiso de demolición fue denegado inicialmente el 17 de octubre debido a los graves riesgos detectados, pero fue autorizado de manera expedita el 20 del mismo mes mediante el mecanismo de Acuerdo de Facilidades, un procedimiento que ahora es centro de la polémica.
Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de las tres víctimas mortales, ni detalles específicos sobre los riesgos que llevaron a la negativa inicial. Tampoco hay información oficial sobre el estado de la investigación ni sobre la empresa propietaria del edificio colapsado.
El cruce de acusaciones entre los dos niveles de gobierno ocurre en un contexto de creciente escrutinio público sobre la seguridad en las construcciones y demoliciones en la Ciudad de México, una urbe con un amplio parque inmobiliario envejecido y con frecuente actividad de renovación urbana. La falta de claridad sobre el procedimiento y la supervisión podría derivar en investigaciones más profundas y en un debate sobre la necesidad de reformar los marcos normativos para este tipo de obras.
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