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Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- Especialistas y profesores de investigación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) preparan denuncias formales contra exdirectores y funcionarios actuales de la institución por presuntos daños graves al patrimonio arqueológico durante la construcción del Tren Maya. Las acusaciones, centradas en el proyecto de parques memoriales como Balam Tun, señalan el uso de maquinaria pesada y explosivos para alterar o destruir más de 62 mil estructuras mayas no recuperadas hasta la fecha.
Los denunciantes, agrupados en la Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio Arqueológico y el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia, identifican como responsables al exdirector del INAH, Diego Prieto, así como a Margarito Molina, director del Centro INAH en Quintana Roo, y Manuel Pérez Rivas, encargado del salvamento arqueológico del proyecto ferroviario. Según los especialistas, las acciones se realizaron bajo el argumento de impulsar proyectos de desarrollo turístico, lo que ha derivado en la reubicación y mezcla de piezas arqueológicas sin criterios científicos rigurosos.
El arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer, uno de los voceros de la agrupación, alertó que hasta 2026 se han dejado de recuperar más de 62 mil estructuras mayas debido a las prisas en la obra. Además, cuestionó la intervención en 47 monumentos supuestamente restaurados en el proyecto de Chetumal y la reubicación de 36 monumentos en el parque Balam Tun, donde se acusa que las piezas fueron desmanteladas y recombinadas, alterando su contexto original y valor histórico.
Las contradicciones en los reportes iniciales sugieren una escalada en la formalización de las quejas; mientras que inicialmente se hablaba de la preparación de las denuncias por presuntos daños, ahora se confirma que los especialistas darán el paso legal ante las autoridades competentes. Se busca que se investigue el uso de dinamita y retroexcavadoras para destruir monumentos, actos que los denunciantes califican como un crimen contra la arqueología nacional.
Este conflicto interno en el INAH pone de manifiesto la tensión entre la preservación del patrimonio y la ejecución de obras de infraestructura prioritarias para el gobierno federal. Los especialistas exigen una verificación independiente de los sitios afectados en Campeche, Xpujil y Chetumal, así como la aplicación de sanciones para quienes autorizaron o ejecutaron estas intervenciones irregulares.
Se espera que en los próximos días se haga pública la autoridad específica, sea el Ministerio Público o la Fiscalía, ante la cual se presentará la documentación técnica y fotográfica que respalda estas graves acusaciones. La respuesta oficial de los funcionarios señalados y del INAH como institución será crucial para determinar el futuro de las investigaciones y la protección de los remanentes arqueológicos en la península de Yucatán.
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