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Por Redacción
Florida, 20 de marzo de 2026.- El gobierno de México activó protocolos de atención consular y exige una investigación exhaustiva tras la muerte de Royer Pérez Jiménez, un joven de 19 años que falleció bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida. El deceso, ocurrido el 16 de marzo, representa la cifra número 13 de mexicanos fallecidos en centros de detención estadounidenses durante 2026 y la número 42 desde el inicio de la administración del presidente Donald Trump.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través del Consulado General de México en Miami, mantiene contacto con la familia del joven y coordina acciones con las autoridades locales para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. El canciller Juan Ramón de la Fuente y el subsecretario Roberto Velasco analizan medidas adicionales ante este hecho, mientras se aguarda la determinación oficial sobre la causa de la muerte, la cual se encuentra bajo investigación.
El caso ha renovado la preocupación diplomática debido a antecedentes donde familiares de otras víctimas y peritos forenses han cuestionado versiones previas del ICE que atribuyeron decesos a suicidios sin pruebas contundentes. La variabilidad en la identificación del centro de detención, referido como Centro de Detención del Condado de Glades o Glades County Detention Center, figura entre los datos que las autoridades buscan precisar para avanzar en el proceso de aclaración.
Esta tragedia se suma a un registro creciente de fallecimientos de migrantes mexicanos en instalaciones fronterizas, lo que ha llevado a la cancillería a mantener una vigilancia estrecha sobre el tratamiento y las condiciones de seguridad en los centros operados por agencias federales estadounidenses. La respuesta del gobierno mexicano se centra en garantizar el debido proceso y el acceso a la justicia para los connacionales y sus familias.
Mientras se desarrollan las indagatorias, la diplomacia mexicana mantiene canales abiertos con el Departamento de Estado y las autoridades del condado en Florida para asegurar que se respeten los derechos humanos del detenido y se proporcione transparencia en los resultados de la autopsia y el reporte final del incidente.
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