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Por Redacción
Dinamita, 20 de marzo de 2026.- Existe una discrepancia en el número de personas detenidas tras un operativo policial realizado el miércoles 18 de marzo en la comunidad de Dinamita, donde confluyen denuncias de represión y acusaciones oficiales por delitos graves. Mientras el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua, junto con el obispo Raúl Vera López, estiman que fueron privadas de la libertad alrededor de 40 personas, la Fiscalía General de Durango confirmó la detención de 28 individuos.
De acuerdo con las versiones del Frente Unido y Raúl Vera, solo ocho de los detenidos tienen ubicación conocida hasta el momento, generando preocupación entre familiares que se manifestaron frente al Palacio de Justicia en Gómez Palacio para exigir su liberación. Por su parte, la Liga Sindical de la Confección en Nazareno reportó 27 detenciones que calificó como arbitrarias, sumándose a la incertidumbre sobre el estatus legal de los involucrados.
La autoridad estatal, representada por la Fiscalía de Durango, justificó el operativo al acusar a los detenidos de la comisión de presuntos delitos de robo, extorsión y bloqueos de vías, contradiciendo la narrativa de los manifestantes que describieron la protesta como pacífica. En el conflicto participan diversos actores, incluyendo a la Policía Estatal, la Guardia Nacional, la Sedena, así como representantes del gobierno estatal como el gobernador Esteban Villegas Villarreal y la fiscal Sonia Yadira de la Garza Fragoso.
El origen del conflicto social se remonta al despido injustificado de cuatro trabajadores de la empresa Sotomex, dedicada al transporte de explosivos. El Frente Unido mantenía un plantón desde 2017 en oposición a un megaproyecto industrial y en solidaridad con los trabajadores despedidos. A la protesta también se sumaron la CNTE y la Liga Sindical de la Confección en Nazareno, ampliando la base de movilización en la región lagunera.
Hasta el momento, no se ha divulgado una respuesta oficial detallada por parte del gobernador Esteban Villegas Villarreal o la presidenta municipal de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, respecto a las acusaciones de represión desproporcionada. Asimismo, familiares de los detenidos denuncian la inexistencia de una orden judicial que respalde las detenciones, mientras persiste la falta de información sobre el paradero y estado de salud de la mayoría de las personas privadas de la libertad.
La divergencia en las cifras y la naturaleza de los hechos mantiene la tensión en la zona, donde las autoridades buscan consolidar la información de los 28 detenidos confirmados, mientras organizaciones civiles y religiosas continúan demandando transparencia y la liberación de los restantes ciudadanos cuya ubicación sigue siendo desconocida.
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