hieren a bala al aspirante presidencial colombiano de derecha miguel uribe turbay
Por Redacción
Nueva York, 21 de marzo de 2026.- La justicia estadounidense avanzó en dos frentes relacionados con la seguridad y la política de Colombia: por un lado, se concretó la condena de un intermediario por el homicidio del senador Miguel Uribe Turbay, y por otro, se confirmó la existencia de una investigación preliminar contra el presidente Gustavo Petro por posibles vínculos con el narcotráfico, aunque sin cargos formales en su contra hasta el momento.
En el caso del atentado contra el legislador, las autoridades judiciales determinaron la responsabilidad penal de Simeón Pérez Marroquín, conocido con el alias de ‘El Viejo’. Tras los procesos legales correspondientes, el individuo fue sentenciado a cumplir 22 años y cuatro meses de prisión. La Fiscalía colombiana ha seguido de cerca este desenlace, que involucra también a otros actores como Elder José Arteaga Hernández (‘Chipi’) y Katherine Andrea Martínez Martínez, quienes forman parte de la trama criminal desarticulada.
De manera paralela, medios internacionales como The New York Times han reportado que fiscales en Nueva York llevan a cabo una indagación en fase temprana sobre el mandatario Gustavo Petro. Las pesquisas se centran en supuestos contactos con estructuras de narcotráfico y posibles financiamientos irregulares durante su campaña presidencial. Sin embargo, las mismas fuentes señalan que no existen pruebas concluyentes al respecto y que el presidente colombiano no sería el objetivo central de la acción legal en esta etapa.
La información disponible indica que la investigación sobre Petro se mantiene en un estadio preliminar, donde las oficinas fiscales recaban elementos para determinar la veracidad de los señalamientos. A diferencia del caso del senador Uribe Turbay, donde hubo una condena firme basada en evidencias presentadas, la situación del jefe de Estado colombiano carece hasta ahora de imputaciones oficiales o pruebas públicas que vinculen directamente al mandatario con los ilícitos investigados.
Estos desarrollos judiciales ocurren en un contexto de alta tensión política y de seguridad para Colombia, donde la lucha contra el crimen organizado y la claridad sobre los orígenes de los fondos políticos son temas sensibles. Mientras la condena de Pérez Marroquín cierra un capítulo violento contra la oposición legislativa, la sombra de la investigación en Estados Unidos sobre el ejecutivo genera expectativa sobre sus posibles desdoblamientos futuros.
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