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Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó durante la conferencia matutina en Palacio Nacional la iniciativa de Ley General para la Prevención, Investigación, Sanción y Reparación del Delito de Feminicidio, acompañada por la fiscal general de la República, Ernestina Godoy. La propuesta legislativa contempla penas de prisión de 40 a 70 años, multas de mil a 2 mil UMAS, la inclusión de 21 agravantes y la sanción explícita de la tentativa de este delito.
El objetivo central de la iniciativa es homologar el tipo penal de feminicidio en todas las entidades federativas del país, eliminando las discrepancias legislativas actuales y unificando los protocolos de investigación. Según lo expuesto por el gobierno federal, la ley establece nueve razones de género para configurar el delito, buscando con ello estandarizar los criterios jurídicos y operativos para el combate a la violencia extrema contra las mujeres.
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, estuvo presente en el evento donde se dio a conocer los detalles de la reforma. La administración presidencial enfatizó que la medida busca fortalecer el marco jurídico para garantizar la prevención, una investigación más efectiva y la reparación del daño a las víctimas y sus familias, centralizando las obligaciones de las autoridades en la materia.
Esta acción legislativa se enmarca en las estrategias de seguridad y justicia que la actual administración ha priorizado desde el inicio de su gestión. La presentación de la iniciativa marca el comienzo del proceso de discusión en el Congreso de la Unión, aunque las fuentes disponibles no especifican el calendario legislativo detallado ni las comisiones que recibirán el turno del dictamen en primera instancia.
La propuesta representa un cambio significativo en la legislación penal mexicana al establecer sanciones máximas de hasta siete décadas de cárcel para los responsables de feminicidios, así como al tipificar formalmente la tentativa como un delito punible. Con esta medida, el gobierno de Claudia Sheinbaum busca dar respuesta a las demandas de organizaciones civiles y familiares de víctimas que han exigido mayor rigor y uniformidad en la aplicación de la justicia.
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