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Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso por delitos relacionados con el proyecto Next Energy, tras una resolución emitida por el juez Gerardo Anguiano Ceja después de una audiencia que se extendió por casi 24 horas, iniciada el 23 de marzo. La decisión judicial responde a las acusaciones presentadas por la Fiscalía General del Estado de Baja California, que señala al exfuncionario por presuntas irregularidades en un contrato para la construcción de una planta fotovoltaica en Mexicali que nunca se llevó a cabo.
De acuerdo con la información fiscal, el proyecto Next Energy comprometía pagos mensuales de 123 millones de pesos durante un periodo de 30 años, lo que representa un compromiso financiero significativo para el estado. Como parte de la medida cautelar, se fijó una garantía económica alrededor de 100 mil pesos para Bonilla Valdez, quien ahora enfrenta un plazo de investigación complementaria de seis meses para profundizar en los hechos.
Existen contradicciones fundamentales entre la defensa y la acusación. Jaime Bonilla argumenta que el pago de los 123 millones vinculado al proyecto se realizó entre enero y febrero de 2022, periodo en el cual él ya no se encontraba en funciones como gobernador, mientras que la Fiscalía lo acusa por delitos cometidos durante su gestión entre 2019 y 2021. Además, el exgobernador sostiene que su administración solo pagaría por un servicio y no tendría la obligación de construir la planta, postura que contrasta con las acusaciones que señalan irregularidades específicas en los permisos y compromisos financieros adquiridos.
El caso involucra daños al erario estatal derivados de un contrato que no derivó en la construcción de la infraestructura prometida en Mexicali. Bonilla Valdez, quien gobernó la entidad de 2019 a 2021 y posteriormente asumió la dirigencia estatal del Partido del Trabajo (PT), deberá enfrentar el proceso legal que ahora se encuentra en fase de investigación complementaria bajo la supervisión del juez Gerardo Anguiano Ceja.
La gobernadora actual de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, es mencionada como parte de los involucrados en el contexto del caso, aunque la investigación no detalla una respuesta oficial de su administración respecto a las declaraciones de Bonilla ni la situación de otros colaboradores que podrían estar relacionados con el proceso. La audiencia concluyó con la determinación de vincular a proceso al exmandatario, marcando un nuevo capítulo legal para el exfuncionario en la Ciudad de México.
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