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Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó formalmente la iniciativa de la Ley General contra el Feminicidio, con el objetivo de erradicar este delito en todo el territorio nacional y establecer que ninguna mujer muera por el solo hecho de ser mujer. Durante la exposición de la propuesta, la mandataria enfatizó la necesidad de que nunca más un feminicidio sea catalogado erróneamente como suicidio, marcando un cambio de paradigma en la investigación de las muertes violentas de mujeres.
La iniciativa busca homologar el tipo penal de feminicidio en todo el país, obligando a las fiscalías a investigar las muertes violentas de mujeres bajo la hipótesis inicial de feminicidio. La propuesta legislativa contempla nueve razones de género para configurar el delito, establece una pena de prisión de 40 a 70 años y define 21 agravantes para quienes cometan este crimen. Ernestina Godoy, fiscal general de la República, declaró que este delito, que afecta a miles de mujeres, debe llamar a la sociedad y a las instituciones a erradicar la violencia feminicida.
En el ámbito legislativo, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, adelantó que existe un gran reclamo social y una demanda ciudadana que será respaldada sin duda por el Congreso. El legislador informó que se prevé modificar el Artículo 19 de la Constitución para elevar el feminicidio a la categoría de delito grave, lo que implicaría cambios sustanciales en el procedimiento jurídico para estos casos.
La presentación de la ley ocurre en un contexto de urgencia estadística. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se han registrado 54 feminicidios en México en lo que va de 2026. Estas cifras subrayan la necesidad de acciones concretas para enfrentar la violencia de género que persiste en el país.
Con esta iniciativa, el gobierno federal busca centralizar y estandarizar los criterios de justicia para las víctimas de feminicidio, eliminando las discrepancias que existen entre las diferentes entidades federativas. La propuesta será turnada al Senado para su discusión y aprobación, donde se espera contar con el respaldo transversal de las fuerzas políticas representadas en el Congreso.
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