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Matehuala, 25 de marzo de 2026.- La detención de al menos un funcionario de seguridad en Matehuala, San Luis Potosí, marca el último desarrollo en el caso de la desaparición de siete electricistas, quienes posteriormente fueron localizados con vida. De manera simultánea, en el vecino estado de Zacatecas, la Secretaría de la Función Pública ha iniciado una investigación debido a la difusión de un video que muestra a elementos de la Policía Vial, incluido su director, consumiendo bebidas alcohólicas en instalaciones oficiales y portando el uniforme.
En lo que respecta a los hechos en Matehuala, las autoridades han establecido una conexión entre la detención del funcionario y la desaparición de los trabajadores. Existe una discrepancia en la identificación del detenido: mientras algunas fuentes lo señalan como Jorge Peña, comandante de la Policía Municipal, otras lo identifican como Jorge Eduardo ‘N’, secretario de Seguridad Pública del municipio. Las investigaciones continúan para precisar la identidad exacta y el cargo del implicado, así como su grado de responsabilidad en los hechos.
Las siete víctimas, identificadas inicialmente solo con sus nombres de pila y la inicial de su apellido, fueron encontradas con vida, aunque las autoridades no han especificado el lugar exacto de su localización ni las circunstancias detalladas de su desaparición previa. La acción de las fuerzas de seguridad busca esclarecer la participación de elementos policiales en este evento que mantuvo en alerta a la región.
Por otro lado, el escándalo en Zacatecas surge de la circulación de grabaciones que datan del 11 de diciembre de 2025, donde se observa a Oswaldo Caldera, director de la Policía Vial, junto a otros subordinados, ingiriendo alcohol dentro de las instalaciones de la corporación. La difusión pública de este material motivó la intervención de la Secretaría de la Función Pública estatal, que ahora evalúa las conductas de los servidores públicos involucrados.
Estos dos eventos destacan la crisis de confianza que enfrentan las instituciones de seguridad en la zona norte del país, donde la conducta de los funcionarios y la presunta colusión con actividades delictivas o faltas administrativas graves están bajo la lupa de las autoridades competentes. Se espera que los resultados de las investigaciones en ambas entidades definan las sanciones correspondientes y restablezcan la operación normativa de las corporaciones.
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