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Ciudad De México, 26 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en lo general la reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de establecer un tope a las jubilaciones y pensiones de ex trabajadores de confianza de organismos y empresas públicas. La votación registrada fue de 458 votos a favor, lo que representa una unanimidad en esta etapa del proceso legislativo, aunque existen reportes divergentes sobre el desglose final que incluyen abstenciones y votos en contra durante la discusión de reservas.
La modificación constitucional, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, determina que ningún servidor público podrá percibir una pensión superior a la mitad de la remuneración establecida para la titular del Ejecutivo Federal. Este monto se traduce en un límite aproximado de 70 mil pesos mensuales, buscando eliminar los esquemas de retiro que alcanzaban hasta un millón de pesos en entidades como Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras y Luz y Fuerza del Centro.
Durante la sesión en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el ambiente se tensó debido a las protestas de jubilados de empresas paraestatales que intentaron ingresar por la fuerza al recinto. Los manifestantes, quienes realizaron cacerolazos y quemaron mobiliario en los accesos, rechazaron la iniciativa argumentando que viola sus derechos adquiridos, especialmente por la inclusión de un artículo transitorio que contempla la aplicación retroactiva del nuevo límite a las pensiones ya otorgadas.
En el debate parlamentario, legisladores de la oposición expresaron su inconformidad con la medida. La diputada Margarita Zavala sostuvo que la reforma viola el derecho humano a la no retroactividad consagrado en el artículo 14 constitucional y señaló que los senadores emitieron su voto previo con información imprecisa. Por su parte, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, indicó que su bancada votaría a favor pese a las advertencias sobre los riesgos jurídicos, afirmando que están en contra de las pensiones doradas pero considerando que la estrategia de Morena no es la más eficaz para eliminarlas.
El dictamen aprobado excluye explícitamente de este tope a las Fuerzas Armadas, así como a las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro y las constituidas con aportaciones sindicales. Sin embargo, el texto mantiene la disposición de que todas las jubilaciones vigentes deberán ajustarse al nuevo límite una vez que el decreto entre en vigor, salvo aquellas concedidas conforme al marco constitucional anterior, como es el caso de los ministros en retiro.
Tras esta aprobación en lo general, el documento será remitido a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para su análisis y votación. Para que la reforma sea válida, requiere el aval de al menos 17 congresos locales antes de ser enviada a la presidenta para su firma y publicación en el Diario Oficial de la Federación. Se espera que la discusión continúe en lo particular, donde se han presentado diversas reservas para intentar modificar el alcance retroactivo de la norma.
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