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Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional para establecer un límite máximo a las pensiones de los exfuncionarios públicos, fijando el tope en el 50 por ciento de la remuneración correspondiente a la Presidencia de la República. La decisión se tomó durante la sesión celebrada el 25 de marzo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde la minuta recibió el respaldo de la mayoría de los legisladores presentes, aunque con cifras de votación que varían según el medio consultado.
De acuerdo con el reporte de Quadratín México, la votación final registró 363 votos a favor, 64 en contra y 20 abstenciones. Por su parte, el Semanario ZETA informó que la iniciativa contó con 458 votos a favor. Durante el debate, se presentaron reservas a la propuesta, la cual modifica el lenguaje de la Constitución para hacerlo inclusivo y establece excepciones específicas respecto al nuevo esquema de limitación.
El texto aprobado exenta del tope salarial a los miembros de las Fuerzas Armadas, así como a los haberes de retiro que ya se encuentran vigentes. Asimismo, quedan fuera de esta restricción las pensiones constituidas a partir de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro, las aportaciones sindicales y las pensiones no contributivas. La medida impacta directamente a jubilados de organismos como PEMEX, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras y la extinta Luz y Fuerza del Centro.
Previo a la votación, grupos de jubilados se manifestaron en el exterior del recinto legislativo para protestar contra la modificación legal. En el interior del pleno, la diputada Margarita Zavala, del Partido Acción Nacional (PAN), expresó su postura sobre la reforma, aunque los detalles específicos de sus declaraciones no fueron detallados en los reportes iniciales de la sesión. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es la referencia salarial para calcular el monto máximo que podrán percibir los beneficiarios bajo este nuevo régimen.
Con la aprobación en la Cámara baja, la minuta será remitida ahora a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para su discusión y eventual ratificación, paso necesario para que la reforma entre en vigor y se publique en el Diario Oficial de la Federación. El proceso de validación local definirá el calendario de implementación de las nuevas reglas para el sistema de pensiones del sector público.
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