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Morelia, 28 de marzo de 2026.- Un juez de control del fuero común con sede en esta ciudad giró este viernes 16 órdenes de aprehensión en contra del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, su entonces secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, y 14 agentes de la Policía Estatal, por su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos en abril de 2017 en la comunidad de Arantepacua.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, encabezada por Carlos Torres Piña, solicitó los mandamientos judiciales tras una investigación que documentó la actuación de fuerzas estatales durante un operativo realizado hace nueve años. De acuerdo con la institución, los imputados enfrentan cargos por los delitos de homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad.
Los hechos que motivaron estas acciones legales se remontan al 5 de abril de 2017, cuando elementos policiacos ingresaron a la localidad de Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen, en el contexto de un conflicto agrario y bloqueos carreteros. La intervención derivó en un enfrentamiento que cobró la vida de cuatro personas y dejó múltiples víctimas de violaciones a derechos humanos, según han documentado organismos civiles y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en años posteriores.
En su momento, la CNDH emitió una recomendación dirigida a las autoridades estatales, señalando que la incursión policial provocó detenciones arbitrarias, actos de tortura y cateos ilegales. La reapertura del caso y la emisión de las órdenes de captura responden a las exigencias de justicia mantenidas por familiares de las víctimas y organizaciones sociales durante casi una década.
Carlos Torres Piña, titular de la fiscalía local, confirmó la emisión de los mandamientos de captura a través de medios locales, sin precisar si alguno de los solicitados ha sido detenido hasta el momento. La medida judicial abarca tanto a los principales mandos de la administración estatal de ese periodo como a elementos operativos directos.
Esta acción legal se suma a los problemas jurídicos que ya enfrenta Silvano Aureoles Conejo, quien desde 2025 cuenta con una orden de aprehensión de origen federal por un presunto desfalco millonario relacionado con la construcción de estaciones policiales durante su gestión. Autoridades han señalado extraoficialmente que el exmandatario podría haber abandonado el país hace aproximadamente un año.
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