01750307921d494ba5acdc3a44c50ce7
La Paz, 28 de marzo de 2026.- La Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur vinculó a proceso a Fernanda Villarreal González, exdirectora del Instituto de la Vivienda (INVI) de la entidad, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido comúnmente como lavado de dinero.
De acuerdo con las investigaciones de la dependencia estatal, se detectaron aproximadamente 3,591 operaciones en el sistema financiero mexicano de transferencias y pagos electrónicos que presuntamente realizaron integrantes de una red de corrupción con recursos provenientes de cuentas bancarias del INVI, los cuales suman 54 millones 876 mil 222 pesos.
La imputación específica contra Villarreal asciende a 762 mil pesos por disposición de recursos para uso personal durante su gestión al frente del organismo de vivienda. Además de la exdirectora, también fue vinculado a proceso Juan Manuel Reyes Cervantes, exadministrador del INVI, a quien se le acreditó un desvío de 382 mil pesos.
Las indagatorias de la Fiscalía Anticorrupción señalan que Villarreal fungió como operadora de Adán Augusto López Hernández durante el proceso interno de Morena entre 2022 y 2023. Testimonios recabados en el expediente apuntan a que habrían canalizado recursos del instituto hacia actividades políticas vinculadas a dicha campaña interna, aunque estas líneas de investigación continúan abiertas y no han sido plenamente judicializadas.
En el mismo caso se encuentran involucrados Javier Ramírez Manjarrez, exjefe de contabilidad del INVI, Edy Hassan, socio del anterior, y Juan Antonio de Jesús Ramírez, hermano de Javier Ramírez, quienes fueron detenidos previamente por el delito de peculado. Un juez determinó que los imputados recientemente vinculados enfrentarán el proceso en libertad bajo medidas cautelares, que incluyen firma periódica mensual y prohibición de salir del país sin autorización judicial.
Fuentes de la Contraloría Estatal consultadas por medios locales señalaron que Villarreal y Reyes debieron ser acusados por peculado en lugar de operaciones con recursos ilícitos, indicando que el delito por el que actualmente están señalados podría ser desechado. Esta versión contrasta con la acción legal formal reportada por la Fiscalía Anticorrupción, que confirmó la vinculación a proceso el 24 de marzo de 2026.
El caso forma parte de una de las investigaciones más relevantes en materia de presunta corrupción en el sector público estatal en los últimos años. Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para determinar el monto total del presunto daño patrimonial y la posible participación de otros involucrados en el esquema de desvío de fondos públicos.
About The Author
