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Ciudad De México, 01 de abril de 2026.- La incorporación de la inteligencia artificial en los centros de trabajo debe avanzar con reglas claras y sin desplazar a los trabajadores, advirtió Tereso Medina Ramírez, secretario general de la CTM. El líder obrero propuso construir marcos normativos y mecanismos de negociación colectiva que regulen el uso de esta tecnología en los espacios laborales.
Por otro lado, el panel del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC determinó que en la mina Camino Rojo, ubicada en Mazapil, Zacatecas, hubo una grave denegación de derechos a la libertad de asociación y negociación colectiva por parte de la compañía canadiense Orla Mining contra trabajadores de la sección 335 del Sindicato Nacional Minero.
Los expertos del panel documentaron que la empresa realizó “actos de coacción e intimidación” para obligar a los trabajadores a desafiliarse del sindicato. Según la resolución, estas acciones “fueron suficientes para crear un clima de temor entre los trabajadores de la mina”. El organismo planteó nueve acciones para solventar las violaciones, incluyendo una disculpa pública y medidas para garantizar la plena libertad de asociación.
Ante este fallo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) manifestó su desacuerdo. En un comunicado, la dependencia señaló: “El gobierno de México no comparte diversos elementos de la determinación, al estimar que el panel realiza una interpretación que excede el texto del T-MEC y los alcances del mecanismo”.
En materia de economía digital, un informe conjunto de la Segib, la OIT y ONU Mujeres indica que las mujeres en plataformas digitales ganan en promedio 40 por ciento menos por hora y hasta 67 por ciento menos en ingresos semanales que los hombres. Se estima que en la región iberoamericana, 3.5 millones de mujeres generan ingresos mediante estas plataformas, aunque sólo 29 por ciento cuenta con un plan de retiro o jubilación.
Finalmente, Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, planteó la necesidad de discutir la “explotación responsable” de yacimientos mediante métodos como el fracking. El legislador declaró que estudios estiman una contribución potencial de 53 mil millones de pesos anuales por derechos, impuestos y actividad asociada a esta técnica.
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