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Washington D.C., 02 de abril de 2026.- La Corte Suprema de Estados Unidos se encuentra analizando uno de los casos más importantes en materia migratoria y constitucional de los últimos años: la ciudadanía por nacimiento. El Tribunal Supremo analizó los argumentos legales de las partes que intervinieron este miércoles en la vista oral del caso.
El caso gira en torno a una orden ejecutiva impulsada por el presidente Donald Trump al inicio de su segundo mandato. La medida busca negar la ciudadanía automática a bebés nacidos en Estados Unidos cuyos padres sean migrantes indocumentados o tengan un estatus migratorio temporal.
El punto central del conflicto es la frase “sujetas a su jurisdicción” dentro de la Enmienda 14 de la Constitución de EE.UU., la cual establece la ciudadanía para quien sea “nacida en los Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción”. El gobierno argumenta que la frase excluye a hijos de migrantes sin estatus legal.
Durante la audiencia, varios jueces mostraron escepticismo ante la legalidad de la orden ejecutiva. La mayoría del tribunal no ha tenido inconveniente en expresar su escepticismo sobre la legalidad de la orden presidencial.
Los tres jueces de tendencia progresista y, al menos, otros tres conservadores, entre los que se encuentra el presidente del Supremo, John Roberts, junto a Brett Kavanaugh y Neill Gorsuch, se inclinan por propinar un nuevo revés judicial a la Casa Blanca.
La presencia de Trump en la audiencia marcó un hecho histórico, ya que nunca antes un presidente en funciones había asistido a una sesión de la Corte Suprema.
El precedente legal del caso Wong Kim Ark de 1898 confirmó la ciudadanía para hijos de inmigrantes nacidos en EE.UU. Durante la vista oral, buena parte de los alegatos presentados por el procurador general, John Sauer, y por la representante de los demandantes, Cecilia Wang, abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), han girado en torno a este caso.
La decisión definitiva se conocerá previsiblemente a finales de junio o principios de julio. Los jueces se debaten entre una sentencia breve, que se base únicamente en la Ley de Inmigración de 1952 o una revisión del texto constitucional para blindar la interpretación de la cláusula de ciudadanía de la 14ª Enmienda.
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