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Matamoros, 03 de abril de 2026.- A mil días de la explosión ocurrida la mañana del 29 de junio de 2023, la familia de Thalía exige justicia y reparación del daño a la empresa ENGIE, toda vez que denuncian que no existen sanciones contra la corporación ni compensación para la víctima, quien enfrenta secuelas irreparables en su salud y deudas cercanas a los dos millones de dólares.
El siniestro se produjo cuando Thalía ingresó a un departamento que apenas iba a habitar; la explosión fue causada por la acumulación de gas natural derivada de una fuga en la calle que migró hacia el drenaje y subió hasta el baño. Como consecuencia, la joven sobrevivió con quemaduras en el 70% de su cuerpo, sufrió amputaciones en todos sus dedos y ha tenido que someterse a más de 20 cirugías.
Peritajes realizados señalan a ENGIE como responsable del evento. Desde el día del siniestro, personal de investigación acompañado por la Fiscalía Estatal de Tamaulipas y técnicos de la empresa inspeccionó el inmueble y los alrededores, donde mediante aparatos especializados se detectó gas natural en el registro del drenaje con niveles de explosividad altamente peligrosos. Aunque se notificó a los directivos de ENGIE en Matamoros desde el primer momento para solicitar la revisión de la fuga y asistencia a las víctimas, la empresa de origen francés optó por no acatar la solicitud y negó lo ocurrido.
Investigaciones posteriores, incluyendo un peritaje de diciembre de 2024, descubrieron tuberías de gas a una distancia indebida del drenaje y concluyeron que la explosión fue causada por el gas natural del ducto. A pesar de estas evidencias, la familia reporta que abogados de ENGIE sostuvieron tres reuniones con la víctima y sus representantes: una para dar formalidad a la comunicación, otra solicitada por la empresa para amenazar a la familia exigiendo no hablar del caso en medios o redes sociales, y una tercera para ejercer lo que describen como gaslighting corporativo, negando los argumentos y revictimizando a Thalía.
Existe una carpeta de investigación abierta ante la Fiscalía del Estado de Tamaulipas con avances significativos, aunque la familia señala que retrasos burocráticos han permitido que directivos de la empresa acusada abandonen el país. Por su parte, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) cuenta en sus oficinas con denuncias por episodios de fugas y explosiones con dictámenes en contra de la empresa regulada, pero no ha aplicado multas por dichas irregularidades ocurridas en los últimos cinco años.
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