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Ciudad De México, 03 de abril de 2026.- El gobierno de México rechazó el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre desapariciones, calificándolo de una decisión parcial y sesgada. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que se trata de un informe tendencioso que no consideró los esfuerzos institucionales ni la información actualizada proporcionada por el Estado.
Por su parte, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de las Naciones Unidas solicitó al secretario general de la ONU, António Guterres, que remita de forma urgente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General. La decisión del CED fue publicada el 2 de abril de 2026 y señala que la información recibida contiene indicios fundados de que en el país se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad.
El gobierno mexicano acusó que el informe se presentó con omisiones, específicamente al no incluir observaciones y análisis sobre las reformas impulsadas en 2019 y 2025, así como información entregada el 27 de marzo. Las autoridades argumentaron que el procedimiento aplicado por el Comité está diseñado para contextos donde las cifras son generalizadas y sistemáticas por parte del Estado, lo cual, según su postura, no corresponde a la realidad actual.
En su defensa, el gobierno citó que el propio informe reconoce que no existen indicios de una política federal orientada a cometer este tipo de violaciones. “El propio Comité reconoce en los párrafos 117 y 118 de su decisión que no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión”, indicó el gobierno de México. Además, reclamó que el documento se centra en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y se limita a cuatro entidades.
En contraste, el CED afirmó que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y partes del territorio. Juan Albán-Alencastro, presidente del Comité, declaró: “El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”.
El Comité tomó nota de la postura del Gobierno de México de que muchas desapariciones son perpetradas por grupos delictivos, pero señaló haber recibido información fundamentada sobre la participación directa de funcionarios públicos o su aquiescencia. El reporte menciona casos documentados en Jalisco, donde autoridades están relacionadas con casos registrados en un centro operado por grupos criminales, y cita testimonios como: “Hombres armados que se identificaron como miembros de la Fiscalía sacaron por la fuerza a varias personas de un lugar de trabajo y los videos mostraron una patrulla de la policía municipal en las cercanías”.
México concentra el mayor número de acciones urgentes por desapariciones en el mundo, con 819 registros, de los cuales 40 ocurrieron entre octubre de 2025 y marzo de 2026. De estas, 21 corresponden a desapariciones de grupos de migrantes hondureños y cubanos en Chiapas. La organización civil Idheas señaló que este escenario revela fallas estructurales: “El procedimiento de acción urgente, diseñado como mecanismo excepcional humanitario, se ha convertido —en el caso mexicano— en un instrumento recurrente, lo que indica fallas estructurales persistentes en los sistemas nacionales de búsqueda e investigación”.
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