Ciudad De México, 03 de abril de 2026.- El gobierno de México rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la ONU, calificándolo de “tendencioso y falto de rigor jurídico”. La administración federal señaló que el documento omite los avances contra esa problemática que se trabajan desde 2018 y refutó categóricamente que “El gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”.
Por su parte, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED-ONU) anunció que solicitará remitir urgentemente el caso de México a la Asamblea General. La decisión del organismo internacional se basa en información que, según sus palabras, “parece contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad”.
En su defensa, el gobierno mexicano argumentó que el informe del CDF abarca principalmente desapariciones ocurridas entre 2009 y 2017, periodo correspondiente a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Asimismo, las autoridades federales indicaron que el análisis de la ONU se circunscribe a cuatro entidades del país: Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco.
El gobierno presentó su más reciente informe sobre el asunto, el cual registra 130,178 personas desaparecidas en México desde 2006. Las autoridades sostuvieron que en los párrafos 117 y 118 del reporte de la ONU, el propio CDF reconoce que “no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión”.
No obstante, el CED subrayó que “no encontró pruebas de una política a nivel federal para cometer desapariciones forzadas”, pero advirtió que en algunos casos recibió “información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia”. Esta discrepancia marca el conflicto central entre la postura del Estado mexicano y las conclusiones del comité internacional.
About The Author
