Ciudad De México, 14 de abril de 2026.- Los ejidos y comunidades en México representan el 50.7% del territorio nacional, agrupando a 3,266 núcleos agrarios. Sin embargo, solo el 48% de estas entidades cuenta con sus órganos de representación actualizados, una situación que limita su capacidad operativa y legal.
La falta de órganos de representación vigentes impide a los ejidos realizar trámites esenciales, como abrir cuentas bancarias, obtener su registro federal de contribuyentes o solicitar apoyos a dependencias federales para la explotación de bosques.
Arturo García Jiménez, asesor de la Coordinadora Nacional de Ejidos y Comunidades, calificó el escenario como “preocupante”. El especialista señaló que los ejidos “requieren un cambio de timón” para devolver la tierra a los despojados y establecer candados a los elementos jurídicos que facilitaron los hurtos.
Datos del Registro Agrario Nacional indican que, de las 8,764 solicitudes de depuración de padrones recibidas —que representan el 27% del total de núcleos agrarios del país—, únicamente 1,589 se han actualizado, lo que equivale al 4.9%.
Además, solo el 25% de los ejidos ha elaborado o renovado su reglamento interno o estatuto comunal, y la mayoría de estos documentos presenta deficiencias. En contraste, el 64% de los ejidatarios sí cuenta con su lista de herederos actualizada.
Este rezago ocurre en el marco de la Ley Agraria promulgada en 1992 por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Dicha legislación permitió la privatización de la tierra mediante certificados de dominio pleno, facultando a los ejidatarios para vender o rentar sus tierras a empresarios nacionales y extranjeros a través de concesiones mineras, explotaciones forestales, agricultura por contrato y captura de carbono.
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