Ciudad De México, 14 de abril de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que consultará con la Consejería Jurídica de la Presidencia y la Fiscalía General de la República (FGR) si es factible establecer la retroactividad en el delito de feminicidio. La mandataria destacó que su objetivo es terminar con la impunidad en este delito, el cual, según sus declaraciones, en el 90% de los casos es cometido por personas cercanas a la víctima, como la pareja o expareja.
“Vamos a verlo con la Consejería Jurídica y la Fiscal General”, dijo Sheinbaum respecto a la posibilidad de aplicar la ley de manera retroactiva. Asimismo, señaló que en el Congreso se discutirá la Ley General de Atención a Feminicidios, cuya meta es la cero impunidad. Sobre la situación actual, la presidenta afirmó: “Entonces, no se hubiera bajado el número de feminicidios si no se hubiera atendido la impunidad. No quiere decir que todos los casos son atendidos y que tenemos que seguir trabajando”.
En cuanto a la responsabilidad judicial, Sheinbaum fue enfática: “Lo que queremos que ocurra en el país es que, un juez que libere por feminicidio o por otras razones, por colusión, por corrupción, sea destituido”. También lamentó que “en nuestro país, la responsabilidad del feminicidio, de asesinar a una mujer por el hecho de ser mujer, lamentablemente en el 90% de los casos viene de personas cercanas a la mujer, la pareja, la expareja”.
Por otro lado, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, firmó un pacto contra la extorsión y envió un paquete de reformas al Congreso capitalino para desarticular e inhibir este delito. Brugada reconoció que existe un subregistro del delito de extorsión y convocó a la ciudadanía a romper el silencio. “Esta ciudad no puede detenerse ante la extorsión. Convoco a toda las ciudadanas y ciudadanos, a que de manera organizada, a través de este instrumento (pacto) para acabar con el silencio”, expresó.
La estrategia presentada por la jefa de Gobierno incluye modificar el Código Penal local para sancionar la colusión e instaurar un programa de testigos protegidos para las denuncias. Brugada presumió que, desde noviembre de 2024, su administración impulsó reformas para tipificar la extorsión como delito grave y aseguró que las autoridades protegerán a quienes denuncien. “Estaremos a la altura de la participación de la gente y no vamos a dejar ni solas ni solos a los ciudadanos que denuncien (…) Tienen la protección del Estado, la protección del Gobierno”, afirmó.
En materia de resultados, el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó que entre enero de 2025 y marzo de 2026 detuvieron a 335 personas, de las cuales 310 fueron por extorsión y 25 por tentativa. Vázquez Camacho indicó que estas detenciones representan un incremento del 30 por ciento respecto al año previo, mientras que Brugada mencionó un incremento del 45 por ciento en las detenciones relacionadas con las acciones contra la extorsión. La jefa de Gobierno concluyó convocando: “Convoco a todas y todos los capitalinos que levantemos la voz contra la extorsión y aquí estaremos para protegerlos”.
About The Author
