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Ciudad De México, 28 de mayo de 2026.- La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) advirtió sobre nuevos ataques a la independencia judicial y afirmó que, ante los recientes intentos de desmantelar el sistema de justicia profesional, mantendrá su defensa de la autonomía del Poder Judicial. La organización señaló que la concentración del poder representa el riesgo principal para los derechos humanos.
En un comunicado, la Jufed aseveró que “cualquier reforma que someta la justicia a criterios políticos o electorales vulnera los estándares internacionales de protección de derechos humanos”. Los jueces y magistrados reiteraron que la Carrera Judicial garantiza que quienes imparten justicia posean la excelencia técnica y la autonomía necesarias para resolver con imparcialidad. “Defender la independencia judicial es defender la libertad de cada ciudadano frente a la concentración autoritaria del poder”, indicaron integrantes de la asociación que no forman parte de procesos electorales.
La Jufed destacó que el Juicio de Amparo es el “último baluarte” que tiene el ciudadano para defenderse de la arbitrariedad estatal, advirtiendo que debilitar estas instituciones deja a la sociedad en estado de indefensión. Exigieron que se atiendan las condiciones de quienes administran justicia y se cuente con perfiles experimentados sin contaminación partidista, calificando como “retórica” cualquier modificación que no integre estas consideraciones.
Por otro lado, durante la discusión en lo particular de la reforma judicial en San Lázaro, quedó rechazada la propuesta de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero. Su reserva planteaba que los comités de evaluación se integraran por personas con práctica profesional mínima de 10 años y reconocida trayectoria, con dos representantes de cada poder. Además, propuso que los Órganos de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina se renueven paulatinamente, y que para ser ministro de la Corte se requiera únicamente ciudadanía mexicana y no nacionalidad por nacimiento.
Sánchez Cordero manifestó que la sustitución debe ser escalonada y propuso que los juzgadores puedan declinar su candidatura hasta 30 días después de publicada la convocatoria. También sugirió que la Presidencia del Tribunal de Disciplina y del Órgano de Administración sea votada por sus pares cada dos años. Es esencial garantizar el respeto total a los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial, consideró la exministra.
En contexto de la reforma aprobada en 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó en noviembre de ese año que la enmienda se mantenía vigente y era legal. Previamente, tras la aprobación, más de mil recursos fueron tramitados por jueces, magistrados y trabajadores administrativos contra la modificación. En los últimos dos sexenios, diversos tribunales desecharon cientos de amparos promovidos para frenar obras de infraestructura o enmiendas constitucionales, incluyendo casos relacionados con el AIFA, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.
Respecto a la elección de juzgadores prevista para 2027, un estudio del Instituto Nacional Electoral (INE) considera viable realizar votaciones en reclusorios, pronunciándose consejeras por el uso de urnas electrónicas. Sin embargo, la consejera Norma de la Cruz advirtió que no hay garantías para ofrecer un sufragio informado a las personas en prisión preventiva. “Si a la gente que está afuera no tuvimos suficiente tiempo para hacerle llegar la información, ¿cómo lo vamos a hacer para esta población?”, cuestionó, esperando una reforma que permita mejorar las campañas en estos centros.
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