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Ciudad De México, 28 de mayo de 2026.- El diputado Arturo Ávila presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, por presunto uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada. Ávila señaló que esta conducta vulnera el artículo 134 constitucional al tratarse de propaganda con fines de promoción personal en obras y programas públicos.
Durante la presentación de la denuncia, el legislador exhibió imágenes de propaganda en la alcaldía que, aseguró, acreditan la promoción personalizada. Ávila afirmó que los hechos constituyen una violación constitucional clara y acusó a la funcionaria de usar su cargo para posicionar su imagen con fines político-electorales, por lo que pidió frenar la precampaña anticipada.
“Lo que estamos viendo es a una funcionaria pública más preocupada por su promoción personal que por resolver las demandas básicas de la ciudadanía”, declaró Arturo Ávila. El diputado exigió al INE actuar con firmeza, ordenar el retiro del material y garantizar de inmediato que no se utilicen recursos públicos para fines electorales anticipados.
Por otra parte, Luisa Alcalde, consejera jurídica de la presidencia, detalló la función de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas del INE, creada para ayudar a los partidos a detectar si sus aspirantes tienen vínculos delictivos antes de definir sus postulaciones. Alcalde explicó que este órgano no investigará directamente a los aspirantes, sino que operará como vínculo entre instituciones.
Según explicó la funcionaria, el proceso es voluntario: cada partido político decide si someter a su aspirante a investigación. De ser así, la comisión del INE recibe la solicitud y pide la indagación a instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Centro Nacional de Inteligencia.
Estas instituciones entregarán un reporte sobre si el posible candidato tiene “riesgo razonable” o no de vínculos con la delincuencia, información que el INE trasladará a los partidos políticos. Alcalde aclaró que el instituto no emitirá juicios propios ni tendrá facultades para impedir candidaturas; serán los partidos quienes, con base en lo dictaminado, decidan si postulan o no a esa persona.
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