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Miami, 26 de junio de 2026.- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció el cierre de Alligator Alcatraz, el centro de detención para inmigrantes ubicado en los Everglades, al oeste de Miami. El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa junto a Tom Homan, el zar de la frontera del presidente Donald Trump, en el Aeropuerto Dade-Collier de Entrenamiento y Transición.
DeSantis defendió la iniciativa calificándola de exitosa y aseguró que el recinto había cumplido “la función para la que fue diseñado”. El mandatario estatal sostuvo que en el centro fueron “procesadas” 21.000 personas y afirmó: “Si esta instalación no hubiera existido, no habría habido un lugar donde mantener a estas personas mientras esperaban su deportación. Habrían sido devueltas a las calles. Esto, en última instancia, no tengo ninguna duda de que salvó vidas”.
Respecto al estado actual de las operaciones, DeSantis declaró: “Hoy el centro ya no tiene ningún detenido”, aunque precisó que los individuos que estaban allí siguen bajo custodia federal. Asimismo, confirmó que “los trabajos para desmovilizar y desmontar la instalación ya están en marcha”.
Según lo explicado por el gobernador, el centro fue concebido para apoyar de forma temporal al Gobierno federal. DeSantis argumentó que ahora que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cuenta con los recursos necesarios para hacerse cargo de los detenidos, la instalación ya no es necesaria. No obstante, indicó que el Estado seguirá colaborando con las autoridades federales a través de los acuerdos 287(g) y albergando inmigrantes en el centro de detención Deportation Depot, en el condado Baker, al norte del Estado.
DeSantis señaló que la creación de Alligator Alcatraz formó parte de un esfuerzo de Florida para respaldar la política migratoria de Trump, la cual continuará su curso. En este contexto, destacó que Florida es el estado con más acuerdos de cooperación entre policías locales y agencias migratorias federales del país, y que el 40% de los arrestos migratorios realizados bajo este programa corresponden a la entidad.
El cierre pone fin a una de las iniciativas más controvertidas y emblemáticas de la ofensiva antiinmigrante de la Administración Trump. La instalación ha sido objeto de demandas judiciales y denuncias de violaciones de derechos humanos. Desde su apertura, organizaciones de derechos humanos, abogados y legisladores denunciaron malas condiciones, abusos contra los detenidos, falta de acceso legal y deficiencias en la atención médica, acusaciones que el Gobierno ha negado.
De acuerdo con registros oficiales citados en el contexto del cierre, la mayoría de los inmigrantes recluidos en el centro no tenía antecedentes criminales.
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