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Por Redacción
Ciudad De México, 07 de agosto de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR), ahora encabezada por Ernestina Godoy, detuvo este 7 de agosto de 2026 al exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero. El arresto se realiza a un mes de que se cumplan 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y ocurre cuando Aguirre era gobernador de Guerrero durante la noche de Iguala.
El exmandatario está detenido por los delitos de obstrucción de la justicia y desaparición forzada de personas. La FGR señala a Aguirre de ordenar “una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder” para ocultar evidencia clave, específicamente videos de cámaras de seguridad relacionados con el caso.
La línea de investigación que apunta hacia el ocultamiento de dichos videos había permanecido inmóvil cuando la fiscalía era dirigida por Alejandro Gertz Manero. Sin embargo, en enero de 2026, ya con Ernestina Godoy al frente, apareció un testigo colaborador que confirmó la existencia de las grabaciones y su presunta sustracción por funcionarios estatales.
Posteriormente, en mayo pasado, un segundo testigo protegido señaló que el exgobernador ordenó expresamente desaparecer la evidencia grabada desde las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala. Con este proceso, Ángel Aguirre se convierte en el segundo exgobernador ligado a la oposición procesado y detenido, después del panista de Baja California, Ernesto Ruffo.
Antecedentes del caso indican que el 24 de agosto de 2025, en Xochistlahuaca, Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó un regalo del exgobernador, afirmando: “Uy, no, gracias; no recibo regalos de ellos”. Previamente, en septiembre de 2019, Aguirre fue citado por la FGR para declarar en calidad de testigo y participó en una reunión con padres de los normalistas invitado por el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
El arresto se da en medio de una polémica abierta por una nueva recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa, la cual suaviza los señalamientos al Ejército como responsable.
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