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Por Redacción
Buenos Aires, 09 de agosto de 2026.- Editores, libreros y autores argentinos rechazaron mayoritariamente el proyecto de desregulación del sector librero impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La propuesta, elaborada por el Ministerio de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger, pretende derogar la ley de protección de la actividad librera vigente desde hace 25 años y desguazar el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura.
En Argentina existen unas 1.500 librerías y más de 500 empresas editoriales pequeñas y medianas. La norma actual establece que los libros solo se pueden comercializar a un precio uniforme de venta al público, fijado por el editor o importador. El régimen admite excepciones para descuentos no superiores al 10% en ferias del libro y rebajas de hasta el 50% únicamente para compras realizadas por organismos públicos para distribución gratuita. Este sistema es similar al que opera en países como Francia, España, Alemania y México.
Este es el tercer intento del Ejecutivo en esa dirección desde que la ultraderecha llegó al poder a fines de 2023. El rechazo al proyecto reúne a filiales de empresas multinacionales, editoriales independientes, así como a grandes y pequeñas librerías. En una declaración conjunta, las principales organizaciones del sector advirtieron: “Una red de librerías, y la vida cultural en torno a ellas, puede tardar décadas en formarse, y muy poco en perderse”.
Federico Sturzenegger defendió la iniciativa argumentando que la ley actual “no te permite vender libros baratos” y “te obliga a venderlos a un precio uniforme en todo el país”. El funcionario cuestionó: “Me pregunto en qué planeta de qué universo podría uno oponerse a que los libros lleguen más baratos a los consumidores. Me pregunto cómo puede ser que alguien piense que se defiende la cultura con libros caros e inaccesibles”.
Según Sturzenegger, bajo el nuevo esquema “la competencia simplemente los obligaría [a los actores del sector] a ofrecer más productos y a mejores precios”. El ministro planteó la disyuntiva entre “defender un negocio protegido por una ley o pensar en la gente”.
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