agosto 15, 2026
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Por Redacción

Ciudad de Mexico, 15 de agosto de 2026.- Fueron necesarios cuatro audios liberados a la prensa, tres al periodista Héctor de Mauleón y uno al comunicador Gildo Garza, así como la confirmación del Semanario ZETA con autoridades de los Estados Unidos, para reconocer que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, sí está siendo investigada por el gobierno de la Unión Americana por vínculos con el crimen organizado.

El medio confirmó con contactos en Estados Unidos que la mandataria estatal, su exesposo Carlos Torres y otras personas están bajo investigación. A pregunta específica sobre cuáles eran los delitos, la respuesta de un contacto de ZETA con autoridades del vecino país fue: “Varios; por eso siguen más investigaciones para decidir cuáles cargos para llevar contra ella, su esposo (sic), otros con vínculos a crimen organizado”.

Como parte del proceso, le ofrecieron a la gobernadora firmar una ‘proffer letter’, un acuerdo entre la fiscalía y una persona investigada criminalmente para que aporte información que no sería utilizada en su contra en el juicio. Sin embargo, Jesús Romandía, secretario particular de Marina del Pilar, dijo a ZETA que la gobernadora no firmó ningún documento.

En el primer audio, dado a conocer el 21 de junio de 2026 por el periodista Héctor de Mauleón, la gobernadora reveló que contrató los servicios de asesoría del exfiscal de Florida y abogado experto en temas de corrupción, crimen y lavado de dinero, Michael Nadler, además de que ya había sostenido reuniones con agencias.

Sobre la situación, Marina del Pilar Ávila Olmeda declaró: “Yo la verdad estoy tranquila, hemos estado reuniéndome con quienes me han buscado en las agencias. Realmente me han buscado y yo en la mejor disposición porque yo quiero resolver eso y cualquier cosa. Pero sí me gustaría que fuera a través de mi abogado para que él se encargara, pues, de todos los trámites”.

Antecedentemente, el 10 de mayo, la gobernadora reveló en sus redes sociales que la visa de turista para internarse a los Estados Unidos le había sido revocada, refiriendo en ese momento que se trataba de un asunto meramente administrativo. Las investigaciones continúan para definir qué cargos se aplicarán a los mencionados.

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