ae164755c233405f8f84296c761e074f
Por Redacción
Tijuana, 25 de agosto de 2026.- La reincorporación temporal de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa el pasado 21 de agosto, tras más de 100 días de separación del cargo por acusaciones de narcotráfico en Estados Unidos, detonó una crisis política dentro de Morena. El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido, presidido por Ariadna Montiel Reyes, informó que no tuvo previo conocimiento de la determinación y estableció: “Por lo anterior Morena se deslinda de esta decisión”.
La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones y el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado sostuvieron que la acción de Rocha no fue consensuada con representantes del instituto político ni otras autoridades. Asimismo, 23 gobernadores emanados de la Cuarta Transformación, incluida Marina del Pilar Ávila Olmeda de Baja California, cuestionaron el proceder del político sinaloense. Ante este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el interés personal no puede imponerse a los intereses del pueblo y de la nación.
Como resultado de las posturas emitidas, Rocha Moya solicitó nuevamente licencia el 22 de agosto. En un escrito dirigido al Poder Legislativo, el gobernador indicó: “Por así considerarlo pertinente me presento ante este Honorable Poder Legislativo para efecto de solicitar licencia temporal con carácter indefinido, por más de 30 días”. La Secretaría de Gobernación había señalado previamente que la reincorporación inicial respondió a una decisión de carácter personal.
En paralelo, el senador Enrique Inzunza anunció que el próximo 30 de agosto dejará el encierro y ocupará físicamente su escaño, del cual se ha mantenido alejado más de 100 días. El anuncio coincide con la plenaria de la bancada de Morena para definir la agenda legislativa del periodo ordinario que inicia el 1 de septiembre. Sin embargo, legisladores del bloque oficialista, integrado por Morena, PT y PVEM, indicaron que no han respaldado la medida y que Inzunza no cuenta con el apoyo del coordinador Ignacio Mier ni de la presidenta Sheinbaum.
Tanto Inzunza como Rocha Moya fueron señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con una facción del Cartel de Sinaloa, quedando en un limbo legal sin ser procesados ni exonerados. La Fiscalía General de la República mantiene carpetas de investigación abiertas, aunque solo han sido citados a comparecer una ocasión en mayo. Inzunza ha conservado su fuero, sueldo y cargo, limitando su actividad a una participación remota en junio y dos apariciones públicas: una reunión con Javier Corral en Culiacán en mayo y su ingreso al Palacio de Gobierno el viernes pasado para ver a Rocha.
Respecto al impacto político, Alfredo Álvarez Cárdenas, aspirante de Morena a coordinador estatal en Baja California, descartó que el deslinde partidista perjudique al instituto. En entrevista este lunes 24 de agosto en Tijuana, señaló: “El problema no es cuando hay un político, un colaborador, digamos, indeseable. El problema es cuando no se toman las medidas para corregir ese mal”. Sobre la actuación federal, agregó: “Me parece que la presidenta las tomó a tiempo y en forma… el acto relevante no es si el gobernador es o no culpable hoy… sino la manera en que la presidenta enfrentó el tema”.
About The Author
