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Por Redacción
Ciudad de Mexico, 27 de agosto de 2026.- La Red Feminista por el Acceso a la Justicia, integrada por siete organizaciones, presentó la ‘Guía de actuación para visibilizar y atender las violencias y prácticas discriminatorias que ejercen las personas operadoras del sistema de justicia penal en México’. El documento busca abordar la violencia institucional y la discriminación que sufren las mujeres privadas de libertad.
La guía se basa en un diagnóstico construido con los testimonios de seis denunciantes y seis imputadas en Ciudad de México, Estado de México y Jalisco. Entre los patrones comunes detectados están la revictimización, la falta de perspectiva de género, el descrédito de sus testimonios y los obstáculos para acceder a la justicia.
María Luisa Montoya García destacó que estos casos no son hechos aislados, sino el reflejo de un sistema penal que “castiga doblemente” a las mujeres. “Nos hemos dado cuenta de que la mujer es más fácilmente penalizada por el simple hecho de ser mujer”, afirmó Montoya, quien advirtió sobre la tortura psicológica y física en los centros penitenciarios.
Según Montoya, en las cárceles las mujeres “también pueden ser violadas, vendidas o castigadas torturándolas si ellas no se prestan” a favores sexuales. Asimismo, la guía documenta el abandono sanitario, incluyendo la falta de productos de higiene menstrual y ropa íntima. “Al no tener toallas sanitarias, terminan usando, no sé, un pedazo de trapo o lo que sea”, señaló.
El diagnóstico incluye el caso de María, quien pasó 19 años en prisión preventiva acusada de secuestro antes de ser absuelta en 2024. Durante su reclusión, su hijo pasó de tener cinco años a ser adulto y ella se convirtió en abuela. Al salir a los 49 años, María enfrentó miedo, frustración y secuelas emocionales, además del reto de reconstruir su vida.
Cifras de Prevención y Reinserción Social del Gobierno de México indican que, hasta abril de 2025, el 49.4 por ciento de las mujeres encarceladas en México estaba sin sentencia, frente al 38 por ciento de los hombres. Las mujeres representan el 5 por ciento de la población penitenciaria total, equivalente a 14 mil 28 personas privadas de libertad.
Montoya subrayó que la autoridad debe trabajar para visibilizar estas problemáticas: “para visibilizar todo lo que la autoridad tendría que estar trabajando”. La activista añadió que en los centros penitenciarios la mujer ha sido muy torturada, criminalizada y es más abandonada por las familias.
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