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Por Redacción
Tijuana, 27 de agosto de 2026.- A través de cinco despachos de cobranza, contratados mediante adjudicación directa o invitación restringida, se han recuperado cuentas de usuarios domésticos con un retraso de tres meses, lo que ha representado ingresos que superan los 400 millones de pesos, tan sólo en las cuentas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).
Según información del Semanario ZETA, estas cinco empresas se distribuyen prácticamente los sectores de Tijuana y Playas de Rosarito para notificar y dar seguimiento al cobro del recurso hídrico a usuarios exclusivamente domésticos. Por estos servicios, tres de las cinco empresas cotejadas habrían cobrado un monto de 380 millones de pesos en lo que va de la administración, cifra que corresponde entre el 20 y 25 por ciento de la recaudación que se les atribuye.
Los despachos reciben una comisión del 5 por ciento más alta que la que percibía la empresa Fisamex. Dos de estas compañías pertenecen a hijos de José Luis Hernández Silerio, quien fue socio del ex secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez. Entre los propietarios identificados se encuentra Josel Hernández Barroso, titular de BHA y Asociados, hermano de Luis Fernando y familiar de Hernández Silerio.
La CESPT, dirigida actualmente por Mónica Vega y anteriormente por Víctor Amador Barragán y Jesús García Castro, ha requerido implementar decretos y esquemas para recuperar hasta 265 mil cuentas rezagadas, lo que representa un estimado del 40 por ciento de usuarios que no pagan. Según datos ofrecidos por el entonces director de la comisión en diciembre de 2025, existen 750 mil usuarios activos, de los cuales 664 mil son domésticos.
El gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda había criticado e iniciado investigaciones administrativas y penales contra Fisamex por medidas de extorsión al cobrar el 20 por ciento por derechos de conexión al sector industrial y comercial. La actual administración decidió utilizar un esquema similar ampliado a toda la población, aunque con mecanismos descritos como mucho más suaves para evitar reclamos e inconformidad ciudadana.
Guillermo Rivera, abogado que combatió mediante amparos los actos abusivos de Fisamex durante la administración de Jaime Bonilla Valdez, refirió sobre este tipo de despachos de cobranza, aunque la investigación no detalla la totalidad de sus declaraciones.
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