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Por Redacción
Tijuana, 29 de agosto de 2026.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) abrió una carpeta de investigación tras el fallecimiento de un joven de 28 años en el centro de rehabilitación JIREH, operado por la Patrulla Espiritual.
De acuerdo con la información recabada, la muerte de Richar Damián se registró el pasado 21 de agosto en las instalaciones ubicadas en la colonia Poblado Ejido Matamoros. El joven había ingresado al lugar tres días antes debido a antecedentes relacionados con el alcoholismo.
Tras las primeras indagatorias, se determinó que el cuerpo presentaba hematomas en las piernas, así como una lesión en la frente y la barbilla. El Servicio Médico Forense estableció que la causa de la muerte fue asfixia mecánica por sofocación derivada de la obstrucción exterior de los orificios respiratorios.
Jorge Álvaro Ochoa Orduño, presidente de la CEDHBC, informó que, aparte de la Fiscalía General del Estado, el organismo a su cargo también inició un expediente “derivado a que se centra en un centro de rehabilitación”. El funcionario aseguró que constantemente se supervisan estos espacios para cerciorarse de que no se violen los derechos humanos.
“Se ha ido a distintos centros y esperemos pronto tengamos una resolución al respecto”, declaró Ochoa Orduño sobre el caso. Asimismo, precisó que hasta el momento no se ha presentado otro fallecimiento dentro de un centro de rehabilitación perteneciente a la Patrulla Espiritual.
El centro de rehabilitación Jireh, dirigido por Jesús Ocaña, alias “Chiquilín”, recibió recursos públicos durante la administración del alcalde con licencia de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz. El pasado 26 de abril, se le otorgaron 7 millones 200 mil pesos mediante el programa “Salud Para Todos”, financiado a través del fideicomiso Fondos Tijuana bajo el esquema “Rescate y Vida Nueva”.
Dicho recurso estaba destinado presuntamente a otorgar 300 becas a personas en situación de vulnerabilidad y adicción, contemplando servicios de atención psiquiátrica y médica por tres meses. En su momento, el entonces alcalde defendió el proyecto argumentando que el programa enfoca la atención de adicciones como un tema de salud y que los procesos al interior de los centros corresponden a dinámicas propias de estas organizaciones.
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