septiembre 7, 2026

Por Redacción

Ciudad De México, 28 de agosto de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió a puerta cerrada en Palacio Nacional con familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, para informar sobre nuevos avances en las indagatorias. Durante el encuentro, la mandataria destacó que se logró identificar a 10 personas que no habían sido vinculadas al caso y que “hoy están detenidas”.

De acuerdo con lo expuesto por los asistentes al encuentro, los nuevos elementos en las investigaciones se refieren al uso de telefonía celular que los perpetradores utilizaron durante y después de los crímenes, realizando llamadas asociadas a la desaparición forzada. En la reunión participó también la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. La presidenta afirmó que no se ha descartado ninguna línea de investigación y precisó que hasta el momento hay 17 militares presuntamente implicados detenidos.

A pesar de reconocer los avances, el abogado de las familias, Isidoro Vicario, señaló que esto aún es insuficiente para conocer el paradero de los estudiantes. Los padres y sus representantes legales insistieron en varias demandas, entre ellas que el Ejército entregue los ‘folios’ de información que posee y que son considerados clave para ubicar a los jóvenes, así como que se entreguen elementos suficientes para fincar responsabilidad a Ángel Aguirre Rivero, ex gobernador de Guerrero, quien está detenido desde principios de este mes.

Respecto a la exigencia de que regrese el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para coadyuvar con las investigaciones, Vicario indicó que hubo un compromiso de la Presidenta. El legalista mencionó que Sheinbaum Pardo “encargó a la secretaria de Gobernación comunicarse con los expertos para ver esta posibilidad”.

Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó ayer atraer un recurso promovido por familiares de los 43 normalistas contra la suspensión definitiva concedida al sargento en retiro Santiago Muñoz Pilo. Este militar, procesado por su presunta participación en los hechos, enfrenta su proceso en libertad desde junio de 2024.

El cuarto tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito había solicitado a la Corte definir si los familiares de los estudiantes, en su calidad de víctimas indirectas, debían ser reconocidos como terceros interesados y escuchados antes de resolver la suspensión en el amparo promovido por el militar.

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