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Por Redacción
La Habana, 19 de marzo de 2026.- El Gobierno de Costa Rica anunció este jueves el cierre de su embajada en La Habana, decisión que entrará en vigor antes de que concluya el mes, citando una profunda preocupación por el deterioro sostenido de la situación de derechos humanos en la isla caribeña. La medida, confirmada por el canciller Arnoldo André, implica el retiro del personal diplomático pero mantiene las funciones consulares para atender a aproximadamente 10,000 cubanos residentes en territorio costarricense.
El presidente Rodrigo Chaves justificó la acción al declarar que no se otorgará legitimidad a un régimen que, según su administración, oprime y tortura a casi 10 millones de habitantes. En un acto realizado en la frontera con Nicaragua y con la presencia de la embajadora estadounidense, Chaves enfatizó la necesidad de limpiar al hemisferio de ideologías comunistas, marcando un distanciamiento claro con el gobierno de Miguel Díaz-Canel.
En respuesta inmediata, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex) calificó la decisión como unilateral y arbitraria, asegurando que fue adoptada sin ofrecer argumento alguno y bajo presión directa de Estados Unidos. La diplomacia cubana rechazó las acusaciones sobre violaciones sistemáticas y describió el movimiento de San José como una subordinación a la política hostil de Washington contra La Habana.
Esta ruptura operativa ocurre en un contexto de creciente tensión regional, donde las relaciones bilaterales, establecidas formalmente en 2009, se reducen ahora exclusivamente al ámbito consular. Aunque no hay una ruptura total de relaciones diplomáticas, el cierre de la misión representa un golpe simbólico significativo para el diálogo entre ambos países en medio de declaraciones recientes del presidente Donald Trump sobre la situación en Cuba.
Las autoridades de Costa Rica tienen hasta el resto de marzo de 2026 para completar el proceso de retirada de su equipo diplomático. Mientras tanto, persisten interrogantes sobre la reacción oficial específica del gobierno de Estados Unidos más allá de las menciones a la presión externa, así como sobre el número exacto de funcionarios cubanos que deberán abandonar la embajada de Cuba en San José como posible medida de reciprocidad.
El episodio marca un punto de inflexión en la política exterior costarricense hacia el Caribe, priorizando principios de derechos humanos sobre la continuidad diplomática tradicional, mientras Cuba busca consolidar su narrativa de resistencia ante lo que denomina injerencia extranjera coordinada.
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