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Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia que determina la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos sufridas por Ernestina Ascencio, hechos ocurridos en 2007 en el estado de Veracruz. La resolución, dada a conocer en el contexto de las actividades de la Secretaría de Gobernación (Segob), establece que el país es responsable por la vulneración de los derechos a la vida y a la salud, así como por la falta de garantías y protección judicial.
El caso, que data de casi dos décadas atrás, involucra denuncias de agresión sexual perpetrada por elementos del Ejército contra la mujer indígena. En su fallo, el tribunal internacional destacó la gravedad de las omisiones estatales, señalando específicamente la falta de una perspectiva de género e interseccionalidad durante el proceso de investigación y atención de las víctimas, lo que agravó la impunidad y el daño social.
Además de la responsabilidad por los hechos directos contra Ernestina Ascencio, la sentencia reconoce la afectación a la integridad de sus familiares. La Corte IDH ha ordenado al Estado mexicano la implementación de medidas de reparación integral y de no repetición, aunque los detalles específicos de dichas obligaciones y los nombres de los familiares beneficiarios serán precisados conforme se difunda el texto completo del fallo por las autoridades competentes.
Esta decisión judicial pone de manifiesto la persistencia de desafíos estructurales en el sistema de justicia mexicano respecto a la protección de mujeres indígenas y la actuación de las fuerzas castrenses en tareas de seguridad pública. La determinación de la Corte refuerza el precedente internacional sobre la obligación del Estado de investigar con debida diligencia y sancionar a los responsables de crímenes de esta naturaleza.
La Secretaría de Gobernación, como parte del gobierno federal, es el interlocutor principal ante las instancias internacionales para la cumplimiento de lo dispuesto por la Corte IDH. Se espera que en los próximos días las autoridades federales presenten un plan de acción para acatar las medidas de reparación y garantizar que los hechos no se repitan, cerrando un ciclo de impunidad que ha marcado la memoria de las comunidades en la región de Zongolica, Veracruz.