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Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) logró la vinculación a proceso de Blanca María del Rocío Estrada Ortega, ex subprocuradora de Guerrero, y de una segunda exfuncionaria identificada solo como Margarita A., tras una audiencia judicial celebrada el 19 de marzo de 2026 en la capital del país. La decisión fue emitida por la jueza Nora Ileana García Peralta, quien dictó prisión preventiva oficiosa para Estrada Ortega, quien quedará internada en el penal de Santa Martha Acatitla.
Las autoridades judiciales establecieron un plazo de dos meses para la investigación en contra de las implicadas. El caso se enmarca en el contexto de las indagatorias relacionadas con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. La investigación ha sacado a la luz la pérdida, ocultamiento o destrucción de videos provenientes de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, elementos probatorios clave para el caso.
Existen discrepancias en los reportes sobre la naturaleza exacta de los delitos por los cuales fueron vinculadas las exfuncionarias. Mientras algunas fuentes apuntan a delitos contra la salud, otras especifican que la acusación incluye la posesión de cartuchos de arma de fuego y medicamentos controlados. No obstante, se mantiene la conexión de la FGR con la investigación del caso Ayotzinapa como el trasfondo de estas acciones legales.
La resolución judicial marca un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia por el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, al llevar ante la justicia a funcionarios que ocuparon cargos relevantes durante el periodo en que ocurrieron los hechos o en la gestión de la evidencia relacionada. La prisión preventiva oficiosa impuesta a Blanca María del Rocío Estrada Ortega implica que deberá permanecer en reclusión mientras se desarrolla el proceso legal en su contra.
Este avance judicial se produce más de una década después de los hechos originales, reflejando la continuidad de las investigaciones federales para esclarecer no solo la desaparición de los jóvenes, sino también las posibles irregularidades cometidas por autoridades en el manejo de la información y pruebas del caso. Las próximas semanas serán determinantes conforme avance el plazo de investigación fijado por el tribunal.
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