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Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que absolvió a Pío López Obrador de las acusaciones derivadas de los videos donde aparece recibiendo dinero en sobres amarillos, mientras el periodista Carlos Loret de Mola calificó el fallo como una venganza del régimen y denunció que las instituciones estatales se han alineado para exonerar al hijo del exmandatario.
Durante su conferencia matutina, la jefa del Ejecutivo federal señaló que el órgano electoral posee mecanismos propios para revisar posibles violaciones a las leyes y que su decisión debe ser acatada. “Pues ya dijo el Tribunal Electoral que no cometió ningún delito”, afirmó Sheinbaum, añadiendo que corresponde al tribunal explicar los fundamentos de su resolución basada en la revisión de los hechos presentados.
Por su parte, Carlos Loret de Mola, quien difundió las grabaciones realizadas por David León en 2020 a través de LatinUS, rechazó categóricamente el resultado del proceso legal. El comunicador sostuvo que “esta es una venganza del régimen” y alertó que existe un alineamiento de las instituciones del Estado para proteger a Pío López Obrador, situación que, según dijo, pone en riesgo su seguridad personal.
En medio de la controversia jurídica, se han presentado demandas por daño a la imagen en contra de LatinUS y de Carlos Loret de Mola, con un monto reclamado de 200 millones de pesos cada una. Estas acciones legales buscan reparar el perjuicio ocasionado por la difusión de los materiales que mostraban la recepción de recursos, los cuales, según declaraciones pasadas del presidente Andrés Manuel López Obrador, estaban destinados al partido Morena.
Medios de comunicación como López-Dóriga Digital han cuestionado la naturaleza del fallo, describiendo al organismo resolutor como un “tribunal constitucional a la medida” que absolvió a Pío López Obrador de lo que consideraban, en los hechos, inabsolvible. Esta postura contrasta con la línea oficial del gobierno federal, que opta por respetar la determinación judicial sin emitir juicios adicionales sobre la validez de las pruebas originales.
El caso mantiene abiertas las discrepancias entre la versión oficial que niega la comisión de delitos y las voces críticas que aseguran que la absolución es producto de una manipulación institucional. Mientras no se han dado a conocer los argumentos jurídicos específicos del TEPJF ni la respuesta directa de Pío López Obrador tras el fallo, el conflicto legal y político continúa centrado en las demandas civiles y la protección del periodista denunciante.
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