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Por Redacción
Washington, 21 de marzo de 2026.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos enfrenta acusaciones de abuso de autoridad y detenciones arbitrarias tras el fallecimiento del joven mexicano Royer Pérez Jiménez bajo su custodia y la aprehensión de la periodista Estefany Rodríguez, hechos que han motivado la intervención diplomática del gobierno de México encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo.
La muerte de Royer Pérez Jiménez, ocurrida el 16 de marzo de 2026, ha generado una controversia entre las versiones oficiales. Mientras el ICE clasifica el deceso como un “presunto suicidio”, las autoridades mexicanas han exigido una investigación profunda, insinuando que la versión proporcionada por la agencia estadounidense podría no ser concluyente. Hasta el momento, no se ha especificado la causa médica o forense oficial detallada del fallecimiento.
En paralelo, la periodista Estefany Rodríguez fue detenida por el ICE bajo el argumento de que su visa expiró en 2021 y carece de estatus migratorio legal. Sin embargo, su equipo legal, representado por el abogado Mike Holley, contradice esta narrativa afirmando que la migrante no asistió a citas obligatorias debido a que estas fueron reprogramadas sin una notificación adecuada. Para su liberación, se ha establecido una fianza de 10,000 dólares.
Estos casos se suman a un patrón de acciones cuestionables reportadas durante el segundo mandato de Donald Trump. Según cifras documentadas, 46 personas han fallecido bajo custodia del ICE desde el inicio de esta administración presidencial. Organizaciones como la Comisión de Mujeres Refugiadas y Médicos por los Derechos Humanos han alertado sobre la severidad y posibles prácticas discriminatorias en la política migratoria actual.
La situación se complica con reportes sobre el uso indebido de la agencia en disputas personales, involucrando a Paolo Zampolli, amigo del presidente Trump, en casos relacionados con la custodia de su exesposa brasileña. Asimismo, se han documentado deportaciones sistemáticas de padres sin considerar la situación de sus hijos, lo que ha derivado en condenas internacionales y protestas por las violaciones a derechos humanos.
Ante la gravedad de los eventos, el gobierno de México ha mantenido una postura de vigilancia, buscando claridad sobre el proceso de asilo político de Rodríguez y los detalles de las acusaciones en su contra, mientras espera respuestas contundentes sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Pérez Jiménez.
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