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Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- Organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas denunciaron este mes un patrón regional de represión estatal que abarca desde el desmantelamiento de políticas de memoria en Argentina hasta la desaparición forzada de deportados en El Salvador y la confiscación de bienes a opositores en Venezuela y Nicaragua. Human Rights Watch (HRW) y activistas alertaron sobre la gravedad de los hechos, mientras gobiernos de la región endurecen sus políticas migratorias y de seguridad.
En Argentina, el gobierno de Javier Milei enfrenta críticas por el desmantelamiento de políticas de memoria y por nuevas medidas migratorias inspiradas en el modelo de Donald Trump. Datos oficiales indican que en dos meses 5.000 personas no fueron admitidas o expulsadas del país, mientras que en 2024 se deportó a 620 individuos, un 40% más que el año anterior. Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional, ha anunciado acciones en este sentido, aunque no se especificaron fechas exactas ni ubicaciones precisas de las redadas recientes.
La situación en El Salvador marca uno de los puntos más críticos del informe. Más de 9.000 salvadoreños fueron deportados desde Estados Unidos en 2025, de los cuales el 10% tenía antecedentes penales. Sin embargo, HRW y familiares denuncian la desaparición de 11 deportados tras su llegada, incluyendo a César Humberto López Larios, conocido como ‘El Greñas’, a quien autoridades estadounidenses y salvadoreñas acusan de ser líder de la MS-13. Las familias y la organización de derechos humanos niegan que el resto de los desaparecidos tengan vínculos pandilleros, señalando una falta de evidencia pública para tales acusaciones.
En Venezuela y Nicaragua, la persecución política se mantiene activa. Lilian Tintori, esposa del opositor Leopoldo López, realizó una denuncia pública sobre la situación de los presos políticos y la confiscación de bienes. El gobierno de Nicolás Maduro y la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúan siendo señalados por desapariciones forzadas y represión contra disidentes. Entre los casos destacados figura la desaparición del dirigente chavista Carlos Brenes y la situación de opositores como William Dávila y Enrique Márquez, aunque no se detallaron los cargos específicos ni el estado de salud actual de algunos de ellos.
Testimonios directos reflejan la angustia de las víctimas. Thelma Brenes, familiar de una víctima en Nicaragua, y Amaru Ruiz, activista, han alzado la voz sin que hasta el momento se conozcan declaraciones textuales específicas en los reportes iniciales. En Argentina, vecinas de Mendoza, entre ellas Macarena Limousin, lideran protestas socioambientales, mientras economistas como Mercedes D’Alessandro analizan el impacto de las nuevas políticas. La organización Human Rights Watch, a través de Juanita Goebertus, emitió comunicados oficiales instando a los gobiernos a garantizar el respeto a los derechos humanos y aclarar el paradero de los desaparecidos.
Las contradicciones en los discursos oficiales son evidentes. Mientras Washington y San Salvador justifican las deportaciones masivas bajo la premisa de combatir al crimen organizado, las familias y organismos internacionales cuestionan la veracidad de estas afirmaciones para la mayoría de los casos. La falta de respuesta oficial del gobierno salvadoreño ante las acusaciones de desaparición forzada y la opacidad sobre el estatus legal de proyectos como el minero San Jorge en Mendoza agregan complejidad al panorama regional.
Este conjunto de eventos dibuja un escenario de crisis política y violaciones sistemáticas en América Latina, donde la memoria histórica, la libertad de expresión y el derecho a la vida están siendo desafiados por autoridades que priorizan la seguridad sobre las garantías individuales. La comunidad internacional observa con preocupación cómo estos mecanismos de represión se consolidan en distintos países de la región.
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