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Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) firmaron un convenio para promover la igualdad sustantiva y la no discriminación en la función jurisdiccional, mientras organizaciones de la sociedad civil exigen que los derechos de los pueblos indígenas sean vinculantes y no meramente declarativos en el sistema de justicia mexicano.
El acuerdo institucional fue suscrito el 20 de marzo de 2026 en la Ciudad de México con la participación del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y la presidenta del Conapred, Claudia Olivia Morales Reza. El convenio busca incorporar criterios de igualdad sustantiva en la labor judicial, aunque no se han detallado los mecanismos concretos para su implementación ni plazos de seguimiento establecidos.
Paralelamente, el Senado de la República ha emitido un llamado para uniformar las leyes de género en todos los estados del país. La senadora Malú Micher participó en las discusiones sobre armonización legislativa, sin que se haya especificado si existe un plazo concreto para que las entidades federativas adapten sus marcos normativos locales.
En contraste con los anuncios institucionales de avances en derechos humanos, un caso judicial específico ha generado cuestionamientos sobre la procuración de justicia. La jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo otorgó un amparo al empresario Pedro Miguel Babb Villarreal, acusado de fraudes, lo que ha sido señalado como una actuación cuestionable que sugiere contradicción entre el discurso institucional y la práctica judicial.
Organizaciones como Indigenous Peoples Rights International México, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el Centro de la Montaña Tlachinollan y Voces del Territorio México han emitido un posicionamiento demandando una ley reglamentaria del artículo 2 constitucional que haga obligatorios los derechos de los pueblos indígenas. No se ha especificado el contenido o estatus legislativo de dicha propuesta en el Congreso.
El sistema de justicia mexicano cuenta con herramientas de transparencia como la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, que suma más de 5 mil bases de datos de 184 instituciones, según reporte de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Este recurso permite acceso a información institucional, aunque persisten demandas sociales sobre la efectividad real de las garantías de derechos humanos en el país.
Las múltiples acciones documentadas reflejan tanto iniciativas oficiales de instituciones como la SCJN y el Senado, así como exigencias de la sociedad civil y casos concretos que ponen a prueba la credibilidad del sistema de procuración de justicia en México.
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