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Pajapan, 24 de marzo de 2026.- Comunidades indígenas de los municipios de Pajapan, Tatahuicapan y Mecayapan denunciaron que los trabajos de limpieza tras el derrame de hidrocarburo en el litoral veracruzano son inadecuados y carecen de equipo de protección suficiente, mientras persiste la incertidumbre sobre el origen exacto del vertido. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Petróleos Mexicanos (Pemex) está realizando todas las acciones necesarias para limpiar el océano y las playas, los habitantes reportan que el daño ambiental abarca varios kilómetros y alertan sobre riesgos sanitarios y económicos graves.
Las organizaciones Movimiento Regional Indígena en Defensa y Respeto por la Vida y el Centro de Derechos Humanos Bety Cariño han elevado la voz para señalar que, a pesar de la participación de autoridades como la Fiscalía General de la República, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), no se ha esclarecido la identidad del barco o empresa responsable. Las comunidades describen la situación como un evento provocado por un “barco fantasma”, contradiciendo la afirmación categórica de la jefa del Ejecutivo federal de que el derrame fue causado por una embarcación, aunque ella misma reconoció que la empresa responsable aún no ha sido determinada.
Entre las preocupaciones más urgentes expresadas por los pobladores se encuentra la venta de pescado potencialmente contaminado, lo que representa un riesgo directo para la salud pública, así como la posible utilización de disolventes durante las labores de remediación, práctica que podría agravar el impacto en el ecosistema costero. El gobierno federal había informado previamente que el vertido fue detectado hace dos semanas, periodo durante el cual se han extendido los efectos sobre la fauna marina y las zonas de pesca de las que dependen económicamente las familias de la región.
La discrepancia entre las declaraciones oficiales y la experiencia en el terreno marca el desarrollo de los eventos: mientras la administración federal proyecta una respuesta institucional en marcha a través de Pemex, los testimonios locales pintan un escenario de insuficiencia operativa y exposición a agentes tóxicos sin las medidas de seguridad adecuadas para los trabajadores y residentes. Hasta el momento, no se han presentado resultados oficiales de las investigaciones en curso ni estudios que cuantifiquen el impacto específico en la salud de la población o en la biodiversidad del área afectada.
Ante la falta de información definitiva sobre la fuente del contaminante y la eficacia de las medidas de contención, las comunidades mantienen su exigencia de transparencia y acciones concretas que garanticen la restauración del entorno natural. La situación permanece bajo monitoreo de las autoridades ambientales y de seguridad, aunque la confianza de los habitantes de la costa veracruzana se ve mermada por la divergencia entre los anuncios gubernamentales y la realidad que enfrentan diariamente en sus territorios.
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