Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó la autorización para recibir donativos deducibles de impuestos a más de 100 organizaciones civiles, entre las que se encuentran Mexicanos Primero, el IMCO, México Evalúa, Mexicanos contra la Corrupción y Amnistía Internacional. La decisión, notificada el 24 de marzo, ha generado críticas por parte de la sociedad civil que la interpreta como un debilitamiento político, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó el hecho como un procedimiento técnico y autónomo de la autoridad fiscal.
De acuerdo con los datos disponibles, la cancelación abarca a 113 entidades específicas, aunque algunas fuentes mencionan un impacto de hasta 270 organizaciones dentro de un padrón que supera las 10 mil donatarias autorizadas en el país. El SAT justifica la medida alegando incumplimiento de requisitos legales y administrativos por parte de los afectados, incluyendo obligaciones derivadas de la Ley de Ciencia, sin que hasta el momento se haya hecho pública la lista completa oficial ni los plazos específicos que se otorgaron para subsanar dichas irregularidades.
Ante la controversia, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró a los medios que desconoce los detalles precisos sobre cuántas y cuáles organizaciones fueron afectadas, enfatizando que se trata de una decisión técnica que corresponde exclusivamente al SAT. En su intervención, la mandataria recordó el precedente de la organización Mexicanos contra la Corrupción, a la cual se le retiró el permiso en la administración anterior bajo el argumento de recibir financiamiento del extranjero, buscando con ello contextualizar la acción dentro de un marco de legalidad y no de persecución política.
Por su parte, Amnistía Internacional México ha cuestionado la medida, interpretándola como una acción política que forma parte de una tendencia regional de restricciones a la sociedad civil. La organización denuncia que los requisitos exigidos por la autoridad se han vuelto reiterativos y representan una carga administrativa excesiva, lo cual dificulta la operación de los grupos dedicados a la vigilancia y promoción de derechos humanos, contrastando esta visión con la explicación gubernamental de mero cumplimiento normativo.
La polémica se enmarca en un contexto donde organizaciones críticas al gobierno federal han perdido su estatus de donatarias autorizadas, mecanismo que permite a los contribuyentes deducir sus donaciones en el Impuesto Sobre la Renta (ISR). Paralelamente, surgieron señalamientos sobre la autorización exprés, realizada en dos días, a la asociación Humanidad con América Latina A.C., vinculada al expresidente Andrés Manuel López Obrador, en contraste con los procesos que pueden durar hasta dos años para otras entidades, aunque la autoridad no ha ofrecido una explicación oficial sobre esta disparidad de tiempos.
La revocación de estos permisos implica que las organizaciones afectadas dejarán de poder emitir recibos deducibles de impuestos, lo que potencialmente reduce su capacidad de captación de recursos provenientes del sector privado y de individuos que buscan beneficios fiscales. La falta de claridad sobre los motivos específicos para cada entidad y la ausencia de un comunicado oficial detallado por parte del SAT mantienen la incertidumbre sobre los criterios aplicados para la exclusión masiva del padrón.
Este evento marca un nuevo capítulo en la relación entre el Estado mexicano y las organizaciones no gubernamentales, donde la interpretación de los requisitos fiscales se convierte en un punto de fricción. Mientras el gobierno insiste en la autonomía técnica de sus órganos reguladores, sectores de la sociedad civil advierten sobre las consecuencias de estas medidas para la independencia y sostenibilidad de su trabajo en áreas críticas como la educación, la transparencia y la defensa de los derechos humanos.
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