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Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron este martes el dictamen de la reforma electoral conocida como Plan B, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con una votación de 24 votos a favor y 11 en contra. El avance legislativo se logró con el respaldo de legisladores de Morena y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pero se caracterizó por la ausencia premeditada de los senadores del Partido del Trabajo (PT), Lizeth Sánchez y Alejandro González, lo que deja en incertidumbre la obtención de la mayoría calificada requerida para su aprobación definitiva en el Pleno.
La discusión en comisiones, que se extendió por más de cinco horas, incluyó modificaciones técnicas al texto original enviado por el Ejecutivo. Entre los cambios destacados se encuentra la eliminación del mínimo de siete regidores por municipio, conservando únicamente un techo de 15, así como ajustes para garantizar la igualdad sustantiva en la asignación de regidurías. La reforma modifica los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución, incorporando la revocación de mandato presidencial y estableciendo límites a los gastos de regidurías y congresos locales, además de una reducción gradual del 15% en el presupuesto del Senado.
La bancada de la oposición, conformada por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, votó unánimemente en contra del dictamen. Durante el debate, legisladores opositores criticaron la iniciativa calificándola de precaria y mal elaborada. La senadora priista Laura Carolina Viggiano Austria argumentó que permitir que la persona sujeta a revocación promueva el voto a su favor convierte la consulta en un acto de propaganda gubernamental, mientras que el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, reconoció la resistencia mantenida por el PT como un factor clave en la discusión.
La situación del Partido del Trabajo genera contradicciones dentro de la coalición oficialista. Mientras el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, difundió imágenes junto a líderes del PT y PVEM asegurando que la alianza se mantiene unida, fuentes cercanas a los petistas indican que el partido busca alianzas alternativas y ha expresado que no habrá Plan B si no se resuelven sus objeciones. El punto de quiebre sigue siendo la posibilidad de que la consulta de revocación de mandato de la presidenta se realice en 2027, coincidiendo con las elecciones intermedias, escenario que el PT considera ventajoso para Morena pero riesgoso para la democracia.
Para que la reforma constitucional sea aprobada en el Pleno del Senado, se requieren 86 votos de los 128 integrantes de la cámara. Con la ausencia de los senadores del PT, la coalición gobernante no alcanza actualmente esta mayoría calificada, dependiendo de que los nueve legisladores petistas se sumen en la sesión definitiva programada para este miércoles. La vicecoordinadora petista Geovanna Bañuelos dejó abierta la posibilidad de participar en la votación final, aunque sin confirmar su postura a favor.
El contexto de la aprobación en comisiones también estuvo marcado por discrepancias externas al legislativo. Siete consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) firmaron una carta deslindándose de un documento sobre el Plan B entregado por la consejera presidenta Guadalupe Taddei al Senado, afirmando que dicho texto no fue producto de una decisión colegiada del organismo, lo que añade complejidad técnica y política al proceso de reforma.
El Plan B surge como una alternativa tras el rechazo del Plan A en la Cámara de Diputados el 13 de marzo de 2026, el cual no alcanzó los votos necesarios para modificar el sistema de diputados plurinominales. Ahora, la atención se centra en la sesión del Pleno senatorial, donde se definirá si la coalición oficialista logra convencer a los legisladores del PT o si la reforma electoral queda estancada por segunda ocasión en el Congreso de la Unión.
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