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Mexicali, 25 de marzo de 2026.- Un juez de control, Gerardo Anguiano Ceja, vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por su presunta responsabilidad en el contrato firmado con la empresa Next Energy para la construcción de una planta fotovoltaica que nunca se materializó. La decisión fue emitida tras una audiencia que inició el 23 de marzo y se extendió hasta la madrugada del 24 de marzo en la capital del estado fronterizo.
La Fiscalía General del Estado acusó a Bonilla de abuso de autoridad y uso ilícito de facultades al autorizar un contrato plurianual por 4,500 millones de pesos con un plazo de 30 años. Según la investigación, el gobierno estatal realizó un pago inicial de aproximadamente 123 millones de pesos entre el 20 de enero y el 11 de febrero de 2022, sin que la empresa hubiera comenzado la obra destinada a dotar de energía al acueducto Río Colorado-Tijuana.
Durante la audiencia, la defensa legal de Bonilla, encabezada por los abogados Humberto Velazco e Hiram Sánchez, argumentó que los delitos imputados no eran aplicables. Los defensores sostuvieron que el proyecto se trataba de un contrato para la adquisición de un servicio y no de un crédito fiscal, además de señalar que los pagos se efectuaron después de que Bonilla dejó la administración en octubre de 2021, buscando con ello desvincular al exmandatario de la acusación de abuso de poder durante su mandato.
Sin embargo, el juez de control consideró que existían elementos suficientes para establecer la probable responsabilidad del exgobernador, ordenando su vinculación a proceso. La autoridad judicial fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual se deberán recabar más pruebas sobre las circunstancias de la firma del contrato y el destino de los recursos públicos.
Este caso judicial marca un punto de tensión política entre el exgobernador, quien actualmente se desempeña como dirigente del Partido del Trabajo (PT), y la administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, de Morena. Bonilla se convierte así en el primer exgobernador surgido del proyecto político de la cuarta república en enfrentar una acusación formal de corrupción en la entidad.
La planta fotovoltaica, objeto del contrato, tenía como finalidad generar energía para el bombeo de agua del acueducto que abastece a Tijuana. Hasta la fecha, la infraestructura no ha sido construida, lo que ha generado cuestionamientos sobre la viabilidad y transparencia del acuerdo firmado durante la gestión de Bonilla Valdez.
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