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Torreón, 27 de marzo de 2026.- A un año del inicio de las investigaciones por el presunto fraude inmobiliario conocido como el ‘Cártel Inmobiliario’, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila reporta avances significativos con 60 denuncias formales y 12 órdenes de aprehensión giradas, aunque los afectados mantienen su inconformidad por la lentitud en la ejecución de justicia y aseguran que solo dos carpetas han sido judicializadas.
El delegado regional de la FGE en la Laguna, Carlos Rangel, informó que se ha establecido una estrategia de atención directa con más de 20 sesiones de trabajo para el grupo inicial de 27 víctimas, quienes reportan un daño patrimonial cercano a los 19 millones de pesos. Como resultado de estas acciones, la autoridad confirmó la detención de dos mujeres y la reaprehensión de otra persona, tras haber alcanzado previamente un acuerdo reparatorio en uno de los casos.
Pese a los informes oficiales, los afectados sostienen que existe tortuguismo en el proceso. Alfonso Serrano, uno de los perjudicados, acusó al fiscal general Federico Fernández Montañez de negarles atención adecuada, citarlos a horas tempranas para atenderlos hasta la noche y no responder a las llamadas realizadas a un número personal proporcionado por la propia autoridad. Serrano enfatizó que las órdenes de aprehensión carecen de utilidad si no se ejecutan.
De acuerdo con reportes periodísticos, las víctimas realizaron manifestaciones y bloqueos parciales en las inmediaciones de la delegación regional de la FGE en Torreón para exigir soluciones. Entre sus señalamientos figura la huida del exnotario Fernando Nicolás Muñoz Sanjuan a España, considerado uno de los principales actores del esquema, así como la liberación reiterada de uno de los implicados en tres ocasiones distintas.
Ante las discrepancias sobre el estatus legal de las carpetas, el delegado Rangel aclaró que la mayoría de los expedientes ya están integrados y en proceso de judicialización, reconociendo únicamente que falta la localización de dos personas señaladas como organizadores, quienes cuentan con órdenes de aprehensión pero han promovido amparos para evitar su captura. La autoridad destacó que mantiene comunicación constante con las víctimas mediante grupos de mensajería para dar seguimiento a las inquietudes.
La Fiscalía subrayó que la ley se aplicará parejo sin importar la participación de funcionarios estatales o municipales, aunque aclaró que para acreditar responsabilidades adicionales es necesario avanzar en los procesos judiciales actuales. Mientras tanto, la institución mantiene abiertas las puertas para recibir nuevas denuncias de posibles víctimas que aún no han formalizado su situación ante el ministerio público.
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