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Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma constitucional que establece un tope a las pensiones del personal de confianza en el sector público, limitándolas al 50% de la remuneración del titular del Ejecutivo federal. La medida, que modifica el artículo 127 de la Constitución, fue avalada con 458 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, tras haber recibido previamente la aprobación del Senado con 109 votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones.
Con esta votación, la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum avanza ahora hacia las legislaturas locales, donde requerirá el aval de al menos 17 congresos estatales para entrar en vigor y ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. El objetivo declarado del gobierno federal es eliminar las llamadas “pensiones doradas” en organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos, cuyos montos pueden alcanzar hasta un millón de pesos mensuales.
A pesar de la aprobación unánime, el proceso legislativo ha estado marcado por tensiones y protestas. Grupos de jubilados y pensionados se manifestaron en los accesos del Palacio Legislativo de San Lázaro y frente al Congreso local en Baja California. Victoria Bentley, lideresa de Unidos en la Defensa de ISSSTECALI, expresó su rechazo a la reforma debido al temor de que se aplique de manera retroactiva, afectando derechos adquiridos por trabajadores que cotizaron durante décadas bajo reglas diferentes.
En el ámbito parlamentario, Rubén Moreira, coordinador del grupo parlamentario del PRI, anunció que su partido votaría a favor de la minuta, aunque mantuvo críticas sobre el contenido de la propuesta. El legislador señaló que existen omisiones importantes en el texto y advirtió sobre los riesgos jurídicos de una posible aplicación retroactiva, una contradicción que persiste entre el apoyo político a la medida y las reservas técnicas expresadas por la oposición.
Por su parte, Pedro Haces Barba, diputado de Morena, defendió la reforma como un mecanismo necesario para corregir privilegios heredados de administraciones anteriores y garantizar la austeridad republicana. Según datos del gobierno federal, la implementación de este tope, que situaría el límite máximo de pensión en aproximadamente 70,000 pesos mensuales, podría generar un ahorro anual de cinco mil millones de pesos para el erario nacional.
La controversia central radica en la interpretación sobre la vigencia de la norma para quienes ya están jubilados. Mientras la presidencia ha asegurado que la medida busca limitar montos futuros sin revocar pagos pasados, los representantes de los afectados insisten en que la redacción actual deja puertas abiertas a recortes inmediatos. Esta discrepancia ha llevado a que sectores dentro del propio bloque oficialista analicen presentar reservas para blindar a los jubilados actuales de cualquier impacto retroactivo.
Con la aprobación en ambas cámaras del Congreso de la Unión, el foco del debate se desplaza ahora a los estados de la República. La reforma deberá ser discutida y votada en los congresos locales en las próximas semanas, un trámite obligatorio para cualquier modificación constitucional en México. El resultado de estas votaciones determinará si la nueva regla de austeridad en las pensiones del sector público se integra definitivamente a la Carta Magna.
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