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Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El Gobierno de México presentó este viernes un informe detallado sobre el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), revelando que existen 130 mil 178 registros de personas con estatus de desaparecidas desde 2006 a la fecha. Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), explicó que el acumulado histórico de 1952 a 2026 asciende a 394 mil 645 casos, de los cuales 262 mil 111 han sido localizados, lo que representa el 66 por ciento del total.
De las personas localizadas, 240 mil 211 fueron encontradas con vida, equivalente al 92 por ciento de ese grupo. Sin embargo, la atención se centró en los 132 mil 534 casos que mantienen estatus activo de desaparición, cifra que incluye registros desde la época de la llamada Guerra Sucia hasta la actualidad. Figueroa detalló que estos registros activos se dividen en tres categorías principales según la calidad de la información disponible: 46 mil 742 casos carecen de datos suficientes para iniciar una búsqueda efectiva; 40 mil 308 cuentan con datos completos y han registrado actividades posteriores a su reporte; y 43 mil 128 tienen datos completos pero sin actividad reciente.
Ante la interrogante sobre la viabilidad de encontrar a quienes figuran con información insuficiente, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la complejidad operativa. “Lo que decimos es que es muy difícil su búsqueda, si dice, Juan, pero no tenemos ningún otro dato, pues es muy difícil buscar a esa persona”, señaló la mandataria al ser cuestionada por periodistas sobre los 46 mil registros que solo podrían contar con un alias o nombre de pila. Sheinbaum añadió que, aunque esos registros no se retiran, las reformas legales recientes exigen ahora datos mínimos indispensables para considerar oficialmente a una persona como desaparecida.
Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, resaltó que dentro del contexto histórico, 2 mil 356 de los registros corresponden al periodo de 1952 a 2005, asociados a desapariciones forzadas por parte del Estado. El funcionario enfatizó la obligación establecida tras la reforma de 2025 de abrir carpetas de investigación ante el primer reporte de desaparición, así como la creación de una base nacional de carpetas y una plataforma única de identidad para evitar la duplicidad y falta de datos en los futuros registros.
La presentación del informe generó反应 inmediata en el ámbito legislativo. Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, exigió que se haga pública la metodología utilizada para la depuración y clasificación de los datos, con el fin de dar certeza a las familias de las víctimas. La legisladora expresó preocupación por la disparidad entre el número total de personas desaparecidas y la existencia de solo 3 mil 869 carpetas de investigación activas relacionadas con el Grupo 3 de casos sin actividad reciente, advirtiendo que esta diferencia podría evidenciar limitaciones en la atención al delito y afectar las posibilidades de justicia.
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